Palestra / San Luis Potosí
Por los delitos de despojo y asociación delictuosa, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) llevó a cabo cinco órdenes de aprehensión, y cinco detenciones por resistencia a la autoridad, esto en el municipio de San Vicente Tancuayalab, en la Huasteca Potosina.
Por su parte, y en los mismos hechos, la Policía de Investigación (PDI) de la FGESLP acompañado de Peritos, de personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas, y la Guardia Civil ejecuto la orden de desalojo de cuatro ranchos que se encontraban invadidos por particulares.
De esta manera, se restituyeron estas propiedades a los legítimos propietarios, y quienes en su momento interpusieron las denuncias correspondientes.
Se trata de los ranchos «El Sabino», «La O», «La Bolsa», «Mancornados», y «Ciruelos», todos con cientos de hectáreas de extensión y cuyos dueños venían presentando denuncias penales desde inicios del mes de mayo del presente año.
Toda esa propiedad particular se hallaba tomadas por grupos de personas de entre 30 hasta 250 desde el momento de su invasión hasta el día de hoy.
Entre los invasores se detectaron sujetos pertenecientes a otras entidades colindantes a San Luis Potosí.
Sobre los detenidos mediante orden de aprehensión, se encuentra Said «N», uno de los dirigentes que mantenían la invasión de predios. Se trata de Said López de Olmos, el líder histórico del Movimiento Huasteco Democrático (MHD).
También fue detenido por las mismas imputaciones Carlos «N”.
Así como Fortunato «N», de 81 años de edad, Francisco «N», de 45 años; Rafael «N», de 55 años, y Alfredo «N», de 62 años, este último originario de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.
Estos individuos mencionados, así como el resto de los que fueron detenidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial, a fin de que sea un Juez de Control quien determine su situación jurídica.
Por último, es importante señalar que tanto las aprehensiones como el desalojo de personas invasoras se llevó a cabo con saldo blanco, bajo la supervison de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.