Palestra / Noticias ONU
Al conmemorarse el pasado miércoles el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tres expertas de la ONU en derechos humanos* exhortaron al Gobierno de México a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente”, al igual que la de sus familiares, de los movimientos de la sociedad civil, y de las organizaciones y servidores públicos abocados a esa causa.
En un comunicado conjunto respaldado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y por el Comité contra la Desaparición Forzada, las relatoras especiales se refirieron a la intimidación, los ataques e, incluso, la muerte violenta que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Es indignante
“Es indignante que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México”, recalcaron las relatoras especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; y sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem; y la experta sobre los derechos humanos de las personas mayores, Claudia Mahler.
Las expertas citaron concretamente dos casos de activistas atacadas pese a ser beneficiarias del mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
El 2 de mayo de 2023, Teresa Magueyal sufrió brutales disparos mientras andaba en bicicleta en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Dos meses antes, el 4 de marzo de 2023, la también defensora de los derechos humanos Araceli Rodríguez Nava, fue atacada en Chilpancingo, estado de Guerrero. Rodríguez Nava continúa buscando a su hijo desaparecido.
Ambos casos siguen bajo investigación, pero las víctimas y sus familiares apenas han recibido información sobre los resultados de las pesquisas.
Las expertas instaron al gobierno mexicano a garantizar que los defensores de los derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan ejercer su labor en libertad y seguridad.
Crimen organizado
Destacaron que las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos están vinculados al crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, las redes de secuestro, la corrupción y la colusión con las autoridades.
En este sentido, afirmaron que desempeñar su tarea en un entorno de miedo constante, amenazas e inseguridad tiene un efecto disuasivo en los familiares de las víctimas, los actores de la sociedad civil, y los activistas y organizaciones de derechos humanos
“Muchos de ellos son mujeres y personas mayores, lo que agrava su riesgo de ser agredidas y encontrarse en situaciones de vulnerabilidad”, acotaron.
También consideraron que se deben adoptar medidas de protección que tengan en cuenta las múltiples formas de discriminación, como el género y la edad.
Tras manifestar su indignación por las embestidas contra las mujeres que defienden las garantías fundamentales, hicieron patente su enorme preocupación por la impunidad que rodea esos crímenes aunque sean denunciados.
La protección no es efectiva
Afirmaron que las medidas de prevención y protección a las víctimas no son efectivas o no se proporcionan.
Las expertas puntualizaron que el Gobierno de México precisa investigar, procesar e imponer sanciones apropiadas con prontitud a cualquier persona que sea responsable de violaciones y arremetidas contra los derechos humanos.
En su declaración, las relatoras subrayaron que como parte de la campaña presidencial “De Frente a la Libertad”, que busca visibilizar los riesgos que enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos mexicanos, se deben tomar medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y evitar que vuelvan a ocurrir agresiones contra ellas.
La iniciativa es coauspiciada por la Presidencia de México, la Unión Europea y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Se debe hacer más para proteger eficazmente los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en su búsqueda de la verdad y la justicia, y esto entra dentro de las obligaciones de derechos humanos del gobierno mexicano”, puntualizaron las expertas.