Palestra / San Luis Potosí
La llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que establece que deudores de pensión alimentaria, acosadores y violentadores de mujeres no podrán ser registrados como aspirantes a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, permitirá que lleguen mejores perfiles a los cargos elección popular, señaló la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández.
“Más que nada lo hicimos porque si un deudor no procura o cuida a sus hijos o no hace lo que a derecho le corresponde, cómo va a representar a un ciudadano, por eso se hizo esto para que entrara la Ley 3 de 3 y que ningún deudor alimentario, que no le da su derecho a los menores pueda participar en un cargo público”.
Dijo que es responsabilidad de los partidos políticos el verificar que sus aspirantes a las diferentes candidaturas, no sean deudores alimentarios, ya que no se les permitirá participar en el proceso electoral, e incluso si algún ciudadano sabe que algún candidato es deudor alimentario, que haga la denuncia correspondiente para que no pueda participar en un cargo público”.
Indicó que de acuerdo a datos del Poder Judicial, se inició con un registro de 500 deudores alimentarios, y al momento se tiene registrado únicamente 100, lo cual establece los buenos resultados que ha generado esta medida, para que quienes tienen adeudos en cuanto a pensiones alimenticias, puedan cumplir con ellas a cabalidad.