Lun. Sep 23rd, 2024

Palestra / Ciudad de México

La iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones garantizará la entrega al 100 por ciento del último salario obtenido por trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), explicó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la modificación a la Carta Magna aplicará para trabajadores de 65 años que cumplen con los requisitos y se pensionen una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Favorece a personas adscritas al IMSS que hayan comenzado a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 y empleados afiliados en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales a partir del 1° de abril de 2007.

“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, mencionó la titular de la Segob.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar del Gobierno de México asegurará la pensión por un salario promedio de 16 mil 777 pesos, en el caso de las y los derechohabientes del IMSS.

El instrumento de financiamiento partirá de un capital semilla de 64 mil millones de pesos que no compromete los ingresos del país. Para consolidarlo se emplearán:

Recursos de operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Cobro de adeudos de entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.

Los recursos complementarios posteriores de este fondo serán resultado de:

Liberación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahorros de la extinción de organismos creados para proteger la corrupción durante el periodo neoliberal. Esta medida es parte de una iniciativa de reforma adicional que postula la eliminación de duplicidad de funciones.
Utilidades generadas hasta por el 25 por ciento de las empresas parestatales de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La funcionaria expuso que la iniciativa de reforma a la Constitución de 2024 en materia de pensiones revierte efectos perjudiciales provocados por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1º de julio de 1997 y de Felipe Calderón del 1° de abril de 2007, las cuales deterioraron los ingresos de las y los jubilados.

Las modificaciones en sexenios anteriores no consideraron la verdadera dinámica del mercado laboral del país ni las necesidades de la plantilla laboral.

Por ejemplo, la Ley IMSS de 1973 contemplaba 500 semanas de cotización, es decir, 10 años. Con la reforma de 1997 el requisito se incrementó a mil 250 semanas, lo que equivale a 24 años de cotización. De esta forma, cientos de miles de trabajadores quedaron excluidos de una pensión por el aumento de condiciones de un día para otro.

El 44.6 por ciento de las personas incorporadas a la Ley del IMSS de 1973 lograron una pensión, mientras que sólo el 25 por ciento de las y los inscritos regidos por la Ley IMSS de 1997 alcanzaron esta prestación.

A consecuencia de la Ley IMSS de 1997, las y los trabajadores que, después de cumplir con la alta cuota de semanas de cotización, perciben sólo un 27 por ciento en promedio de su último salario y la Ley ISSSTE de 2007 provoca que trabajadores al servicio del Estado reciban el 60 por ciento del salario base de cotización al retiro.

El titular del Ejecutivo puntualizó que al momento de que la medida de pensiones completas se eleve a rango constitucional tendrá un efecto benéfico en el incremento de los salarios.

Primeros logros del Gobierno de la 4T en materia de pensiones
En 2020, el Gobierno de la Cuarta Transformación consiguió una mayor aportación patronal que alcanzará el 13.9 por ciento en 2030 gracias al apoyo del sector empresarial.

Además, impulsó la reducción de las comisiones de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), lo que permitió un ahorro de 160 mil millones de pesos en beneficio de las y los trabajadores, destacó el presidente López Obrador.

“En México cobraban muchísimo más de comisiones las AFORES que en otros países, entonces en la ley nueva que presentamos establecimos que se iba a reducir el cobro de comisiones considerando un equilibrio de lo que se cobra en Chile, en Colombia y en Estados Unidos, el promedio”, abundó el jefe del Ejecutivo.

La reforma de 2020 también consiguió la disminución de mil 250 a 750 semanas cotizadas en 2021 y de mil semanas para 2030, así como la pensión garantizada por el gobierno con base en el salario mínimo, recordó la secretaria Alcalde Luján.

Estas modificaciones legales elevaron el porcentaje de pensión otorgada por el IMSS, la cual pasó de 27 por ciento a 64 por ciento del salario alcanzado de los trabajadores. El 93 por ciento de quienes se pensionaron entre enero de 2021 y septiembre de 2023 se beneficiaron de esta iniciativa, acotó la titular de Segob.

“De no haber hecho esta reforma en 2020 hubieran quedado excluidos de este derecho”, expresó la secretaria de Gobernación.

Acompañaron el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López y los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez.

SALARIO POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

A partir de dos iniciativas de reforma al Artículo 123 constitucional, el Poder Ejecutivo busca garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación anual vigente y que las remuneraciones para trabajadores del Estado como maestros, policías, personal médico y de enfermería, así como miembros de las Fuerzas Armadas permanentes, sean justas, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, puntualizó las modificaciones propuestas por el mandatario y enviadas el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados.

El primer apartado referente al salario mínimo propone en la Fracción VI del artículo 123 que:

“La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.

“Es muy importante el que se establezca en la Constitución para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación”, enfatizó el mandatario.

El secretario del Trabajo y Previsión Social puntualizó que el Gobierno de la Cuarta Transformación, en cinco años de administración, fortaleció el salario mínimo y le devolvió en términos reales el poder adquisitivo hasta en 217 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y en 110 por ciento en el resto del país sin impactar en la inflación, como se argumentaba erróneamente en 36 años de política neoliberal.

Gracias al acuerdo entre los sectores obrero, empresarial y público, en 2024 el salario mínimo en la mayor parte del país es de 248.93 pesos diarios, lo que significa 7 mil 572 pesos mensuales, mientras que en la frontera norte está en 374.89 pesos diarios, equivalentes a 11 mil 403 pesos mensuales.

Adicionalmente el Gobierno de México incrementó 18 por ciento el salario para trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y redujo 20 por ciento la brecha salarial de género.

Los aumentos en el ingreso laboral representan uno de los factores que posibilitaron a 4.1 millones de personas salir de la pobreza.

En caso de aprobarse la reforma al artículo 123, la fijación de los salarios mínimos no volverá a darse por debajo de la inflación, como ocurrió en el periodo neoliberal, mermando hasta en 70 por ciento el poder adquisitivo de millones de trabajadoras y trabajadores durante décadas.

La teoría económica del neoliberalismo apostó por un sistema de salarios bajos bajo el argumento de atraer la inversión y controlar la inflación. Sin embargo, sólo se empobreció a la clase obrera.

El jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de fortalecer los ingresos de la plantilla laboral y beneficiar a quienes ganan menos.

Remuneraciones justas para quienes contribuyen en el desarrollo del país
El titular de la STPS detalló que las modificaciones propuestas por el Gobierno de la Cuarta Transformación al Artículo 123 buscan que las personas trabajadoras al servicio del Estado perciban como sueldo base lo mismo que trabajadores inscritos ante el IMSS, es decir, 16 mil 777. 68 pesos promedio. Esta cifra, dijo, será actualizada anualmente a partir de la inflación estimada.

La propuesta de reforma indica que:

“Las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

La medida busca dignificar condiciones laborales y salariales de quienes realizan tareas fundamentales en los ámbitos de seguridad, salud y educación.

“Se trata de un reconocimiento al trabajo de miles de personas que trabajan en sectores que forman parte de nuestra sociedad, garantizando el derecho a la educación, salud y también a la seguridad de las mexicanas y mexicanos y que actualmente ganan por debajo del salario promedio”, enfatizó el funcionario.

Expuso que las y los trabajadores de salud, educación y seguridad se vieron afectados por las administraciones neoliberales que redujeron derechos y afectaron condiciones laborales.