Palestra / Ciudad de México
Con el objetivo de asegurar la permanencia, disciplina y capacidad operativa de la Guardia Nacional, además de evitar que se corrompa en el futuro, el Poder Ejecutivo envió al Legislativo el pasado 5 de febrero una iniciativa de reforma en la materia para que la corporación esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), puntualizó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
“Esta institución recién creada ayuda a garantizar la paz y la tranquilidad”, destacó la funcionaria en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, explicó que el proyecto de reforma establece que la Guardia Nacional se integre por personal militar con formación policial y especializado en seguridad pública. Corresponderá a la Guardia Nacional ejecutar toda la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen la participación del Ejército, de la Armada de México y de la Fuerza Aérea Mexicana en labores de seguridad interior y en seguridad pública.
“Que vaya siendo una institución con mayor fortaleza, con mayor presencia en el territorio, con mayor equipamiento, una fuerza eficiente para atender la seguridad pública de todos los ciudadanos y una presencia en todo el territorio nacional”, abundó.
El personal estará sujeto a la jurisdicción militar en el ámbito disciplinario, así como a los fueros común y federal en sus funciones. En el ámbito de seguridad social, los efectivos incorporados a la Guardia Nacional mantendrán los mismos beneficios que integrantes del Ejército o de la Marina.
La corporación formará parte de la Fuerza Armada Permanente, por lo que el Ejecutivo federal dispondrá de esta a fin de efectuar actividades de seguridad interior y defensa exterior en colaboración con las Fuerzas Armadas.
Las y los integrantes de la Guardia serán reclasificados en estricto apego a la antigüedad y jerarquía que ostente conforme a la escala jerárquica del Ejército.
El comandante de la corporación será un general de división de la Guardia Nacional en activo. En tanto no exista, se propondrá uno del Ejército, esperando el momento en el que personal especializado en seguridad pública llegue a ese grado y ocupe el cargo.
El proyecto determina que recursos presupuestarios y materiales serán transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de impulsar la formación y consolidación de la Guardia Nacional a través del tiempo.
El Senado de la República ratificará los grados superiores de la Guardia Nacional, como ocurre en la Armada de México y Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El presidente López Obrador reiteró que la reforma evitará que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Estamos obligados a presentar esta reforma constitucional porque sería muy preocupante en el medio plazo, se descomponga, se eche a perder, se pudra, una institución que está funcionando muy bien; tiene como 75 por ciento de aceptación en la población”, resaltó ante representantes de medios de comunicación.
“Nos ha costado bastante constituir la Guardia Nacional, que no existía; son 133 mil elementos, cerca de 600 cuarteles. Es para proteger a los mexicanos”, agregó.
EXTORSIÓN SERÁ DELITO GRAVE: SSPC
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la exposición de la iniciativa de reforma constitucional que considera delito grave o de alto impacto la extorsión a fin de impedir que quienes lo cometen sean liberados con facilidad, como actualmente ocurre.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que esta modificación a la Carta Magna enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, aumenta las penas impuestas al transitarse de un delito patrimonial a uno contra la seguridad e integridad de las personas.
El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión: engaño telefónico, amenazas telefónicas, los llamados montachoques y montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso y los monopolios en la distribución de diferentes productos, señaló la titular de SSPC en conferencia de prensa matutina.
Estructuras delictivas cometen estos actos, por lo que se plantea modificar la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el propósito de desmantelar grupos dedicados a este crimen y llevarlos a proceso judicial, unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones y garantizar la reparación de daños a las víctimas.
El planteamiento también prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito que afecta el patrimonio y la seguridad de la gente.
“Estamos seguros, seguras, que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca el bienestar y la protección de la población”, expresó la funcionaria.
En enero de este año incrementaron 7.7 por ciento las extorsiones respecto al mismo mes de 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, refirió que esta iniciativa de reforma es una herramienta eficaz para disminuir la extorsión y su diversificación, al tiempo que evitará la impunidad.