Palestra / San Luis Potosí
Litigadores de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvieron fallo condenatorio en contra de dos sujetos y una mujer por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en un hecho suscitado en Tamasopo, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
La investigación estableció que el 2 de agosto de 2022, en la carretera 460 del tramo Rayón – Ciudad Valles, Sonia “N”, Kevin “N” y Leonardo “N” privaron de la libertad a un hombre, quien se desempeñaba como jefe de sección de peritos de la Guardia Civil Estatal en la Zona Media y a su esposa.
Posteriormente, el 4 de agosto de 2022, en un operativo de búsqueda y localización que se llevó a cabo en la comunidad La Trinidad del municipio de San Ciro de Acosta, se tuvo contacto con los imputados.
Se dio con dicho lugar luego de emprender una persecución en contra de Sonia “N”, quien conducía temerariamente hasta arribar al sitio, y allí trató de alertar a los otros dos indiciados, quienes se encontraban realizando excavaciones junto a los cuerpos sin vida de las dos víctimas.
Por lo anterior, los tres fueron detenidos el mismo día y presentados ante un Juez para la audiencia de control de la detención, la cual fue considerada legal, resultando así en la vinculación a proceso.
De esta manera, el 6 de marzo de 2024 se llevó a cabo la continuación de juicio oral, donde agentes fiscales de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Fiscalía, expusieron los alegatos de clausura y realizaron el desahogo de dos órganos de prueba ante la autoridad judicial, quien determinó esta resolución.
Finalmente, la autoridad juzgadora también agregó que a Sonia “N” se le comprobó la responsabilidad como autor material por los delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos.
Asimismo, se fijó una fecha para la audiencia de individualización de la pena, donde los responsables de este ilícito conocerán el tiempo que deberán cumplir de condena, así como los montos que pagarán por la reparación de daño y la sanción pecuniaria al Estado.