Palestra / Ciudad de México
La senadora potosina María Graciela Gaitán Díaz presentó una iniciativa para garantizar el acceso a la justicia a personas de comunidades y pueblos indígenas, con la designación de intérpretes o traductores que conozcan su cultura y lengua.
Se trata, explicó la legisladora del PVEM, de que puedan contar con la asistencia adecuada cuando se enfrenten a un juicio, durante todo el tiempo que duren las investigaciones.
Gaitán Díaz explicó que el 9 de enero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno velar por la protección de las víctimas, así como proporcionarles ayuda o asistencia.
Además, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito, al brindarles la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
En ese sentido, mencionó que en el artículo 2 de la Constitución se señala, que la población indígena tiene derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.
Sin embargo, de acuerdo con un censo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se identificó que cinco mil 702 personas no fueron asistidas por un intérprete traductor en lengua indígena, ni por un perito, lo que es contrario al espíritu del artículo 2 constitucional.
La senadora destacó que nuestro país cuenta con una población aproximada de nueve millones de indígenas, la cual representa 9.54 por ciento del total de sus habitantes. De dicha estimación, siete millones de personas mayores de tres años hablan alguna lengua indígena.
También, indicó que, de acuerdo con información del Gobierno Federal, nuestro país cuenta con 68 lenguas indígenas, y 364 variantes lingüísticas, por lo que México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil.
En ese sentido destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que poco más de la mitad de la Población Indígena Privada de la Libertad se concentra en las entidades de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero.
Por lo anterior, mencionó que es necesario que, cuando integrantes de algún pueblo y comunidad indígena o afromexicano, tengan el carácter de víctima u ofendido, se garantice su pleno acceso a la justicia, en este caso, con la designación de intérpretes que conozcan su lengua.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda.