Armando Calderón / Palestra
La rebelión de los internos de La Pila superó y con creces, el operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo del general Guzmar González Castillo, para el traslado de 51 internos a otras cárceles, con un resultado nefasto de tres muertos: dos elementos de la Guardia Civil y un preso que, de acuerdo con el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, fue producto del uso de armas blancas y la violencia bruta de los mafiosos amotinados en ese conflictivo penal potosino.
El que «la maldita herencia no hiciera ni madres antes», como afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, no lo exime de la responsabilidad de tomar medidas y exigir una fuerte y transparente rendición de cuentas de lo ocurrido. En estados menos permisivos, el general tendría que salir a la luz pública a explicar qué pasó, no basta la renuncia del «chamaqueado» Roberto Hernández Rangel a la dirección del penal ni un comunicado en redes sociales.
Estas decisiones, muy baladíes para el tamaño del problema, son una falta de respeto para la población que gobierna Gallardo, sobre todo porque el desastroso operativo policiaco sucedió al amanecer del pasado jueves, cuando el resplandor de las llamas del incendio provocado en esta cárcel, fue captado por videos de los automovilistas que transitaban hacia sus lugares de trabajo.
El motín se quedó chico con el saldo de tres muertos, dos de ellos, guardianes del orden a los que ni siquiera han rendido honores. Indignante trato, desde el momento en que uno de ellos, según se aprecia en fotografías, es extraído del penal en una carretilla para construcción. ¿Cómo fue posible, quién tomó esa estúpida decisión?
Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya tomado cartas en el asunto, con una investigación de oficio, no es garantía de mucho. Sus resultados, desde que Giovanna Itzel Argüelles Moreno tomó la presidencia de este órgano autónomo, son bastante insignificantes y apenas ha tocado con el pétalo de una rosa a la SSPC.
Del fiscal general José Luis Ruiz Contreras lo menos que se espera es una investigación profesional y desapegada de Gallardo, las muertes no deben quedar impunes, alguien deberá terminar en la cárcel, pero tal parece que la salomónica salida fue correr a Hernández Rangel, para tapar el sol con un dedo. Aunque Gallardo todavía no lo vea, se trata de una mancha muy visible de su gobierno y de ahí la necesidad de que sea él mismo quien dé certeza sobre los hechos. Ni siquiera el famoso vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda se ha tomado la molestia de hacer una relatoría de las horas aciagas en el penal de La Pila, lo que demuestra que sólo le pagan para presumir estadísticas.
¿Qué ocurrió en La Pila?
¿Será necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga algo, bueno o malo del tema, para actuar?
¿Vale usar a la maldita herencia como justificante de que corrió la sangre y tres familias quedaron en luto?
¿Por qué se desató el motín?
¿Cómo fue posible que se saliera de control?
¿Por qué los policías de la Guardia Civil murieron a golpes y con armas punzocortantes?
¿Qué estaban haciendo los custodios?
¿Qué falló en los protocolos operativos de la SSPC para el traslado de presos?
¿La CEDH podrá acceder a toda la información o sólo a la que convenga?
¿Los videos del penal ya se escondieron?
¿Quién ordenó trasladar a un guardia civil caído en una carretilla?
¿Qué hace la Ceeav, ya se habrá enterado su comisionado Miguel Ángel García Amaro?
¿Gallardo hará algo para sancionarlo todo y que no haya una historia de repetición?
Son apenas unas cuantas preguntas sin respuesta oficial en un gobierno que prometió el cambio y tiene una deuda pública en esta sentida desgracia.