Palestra / La Ratonera
Nerviosa, inclusive algo agitada cuando respondía a la metralla de preguntas de los reporteros, se notó a la potosina Rosa Icela Rodríguez cuando dio a conocer el parte policial que tenía México sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada en Texas.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana no pareció pasar su primera prueba de fuego como pre-secretaria de Gobernación, aunque en teoría deberá estar enterada de todo lo que se mueva en el país durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aun en su posición actual, tenía que haber entregado un informe más sólido, porque puso en predicamentos al presidente Andrés Manuel López Obrador en esa conferencia mañanera.
Cierto, dijo que informaba lo que tenía, quizá lo que supieron sus aparatos de inteligencia de la SSPC o lo que EE. UU. le regateó, pero olvidó uno de los cánones del periodismo, su profesión: entregar un reporte preciso, conciso, oportuno y confiable.
La descoordinación no sólo ocurre entre Estados Unidos y la 4T, en San Luis Potosí también se cuecen habas con el gobierno municipal de Enrique Galindo, el de Soledad y el estatal.
La reciente polémica sobre el desfogue de presas deja en claro que Galindo no es un líder que amalgame los esfuerzos institucionales. Por ejemplo, el Interapas fue acusado por Soledad de no informar las descargas de la presa San José que afectarían a parte de su población y luego Galindo salió a responder que «sí los convoco a las reuniones, pero no van».
Es decir, «no me hacen caso».
Pues que vaya pensando cómo le va a hacer para tener el control en 2027, porque en el hipotético caso que gane la gubernatura y el Verde mantenga amplio poder en los municipios y el Congreso del Estado, estará de florero en Palacio de Gobierno.
Pregunta para los constitucionalistas: ¿una autoridad electa por el pueblo, de forma democrática, puede ser relevada de sus funciones por un decreto legislativo?
En los días recientes ha corrido, y en serio, tinta sobre el debate si Enrique Galindo sigue como alcalde del nuevo municipio de Villa de Pozos o no, porque era una delegación de la capital potosina.
El decreto del Congreso del Estado, aunque es interpretativo en uno de sus artículos transitorios sobre mantener los servicios en Pozos, no puede superar a la Constitución que, salvo por causas graves, haría a un lado a la autoridad electa en las urnas. Es decir, la votación de 2021 favoreció a Galindo para el periodo que termina el próximo 30 de septiembre.
Vamos a ver que dicen el INE o el Ceepac al respecto, porque andan en la luna o, para no ir más lejos, «papando moscas».
