Jonathan García / Palestra
Antes de terminar el año 2024, la Contraloría General del Estado (CGE) revelará investigación en cuanto a funcionarios estatales involucrados en el caso Rich, y en asumiendo en detectar alguna irregularidad por parte de ellos, el Gobierno de San Luis Potosí no “tapara” a ningún funcionario y se les aplicará las sanciones correspondientes, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de la entidad.
“El Estado va a continuar estando cercano al asunto en todos los sentidos (…). Aquí no se tapa a nadie, aquí no se permite que haya alguna conducta irregular. Lo que el gobernador siempre nos ha pedido es tener funcionarios de calidad y cien por ciento confiables”, mencionó.
El secretario Torres Sánchez señaló que en caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios del lamentable suceso ocurrido el pasado 7 de junio; en materia administrativa se analizaría las sanciones para aplicarlas al instante. Sin embargo, no aseguró la destitución directa de sus cargos públicos.
“En materia administrativa hay distintas sanciones, una justamente es la separación definitiva, otra es la separación temporal, otras son algún tipo de llamados a que se conduzcan de mejor manera. Vamos a ver qué es lo primero que se revuelve, el tipo de responsabilidad, el tipo de grado para entonces definir la sanción que deba imponérseles”, explicó.
De acuerdo con la información del contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñíz, los funcionarios estatales en investigación son los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Dirección de Gobernación de la Secretaría General y de la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris).