Palestra / La Ratonera
Con peros, al parecer saldrá adelante la castración química para violadores que propuso el gobernador Ricardo Gallardo, hace ya mucho tiempo, a los diputados locales.
Desde la Legislatura pasada están que sí y que no avalan esta importante iniciativa para castigar con dureza una conducta que lastima y deja huellas profundas en las mujeres, niñas y niños, las principales víctimas de detestables sujetos que, encima de cometer este delito, reciben penas muy menores con las actuales leyes y códigos penales no sólo en San Luis Potosí, sino en todo el país.
Para muestra, los comunicados de la FGE a cargo de María Manuela García Cázares. La institución informa a diario la captura y las sentencias, lo que indica que esta aberrante conducta no tiene freno en la entidad y por eso urge que los legisladores se pongan del lado del pueblo al que se deben y tipifiquen una sanción ejemplar para los desequilibrados que abusan sexualmente de personas vulnerables en las viviendas y las calles.
A decir del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Héctor Serrano Cortés, el dictamen comenzará a trabajarse con observaciones de abogados penalistas y las propias bancadas legislativas; adelantó que la aprobación no será unánime -seguro el PAN está en contra-, pero «pronto» estará en el pleno para su discusión. Ojalá no olviden que, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres y, no sólo eso, que sus derechos fueron elevados en semanas recientes a rango constitucional, lo que implica que deben vivir en paz y ser felices.
Donde también está lenta la cosa, es entre el Ceepac y Finanzas, ya que el organismo que tiene a su cargo la confección de las elecciones del Poder Judicial, que serán el 1 de junio, no termina de recibir los 110 millones de pesos completos que acordaron para que el proceso saliera adelante sin sobresaltos.
Hasta el momento, sólo ha captado 7.5 millones de pesos y todavía se discute si acepta una propuesta de la secretaria Ariana García Vidal, para obtener una parte en especie, lo que eso signifique, ya que la consejera presidenta Paloma Blanco López no ha explicado de qué se trata.
«Nos queda claro que hacer una elección requiere recursos y flujo de efectivo», indicó Blanco, quien consideró que el apoyo material que ofrece Sefin no debería rebasar el 20% del total, es decir, 22 millones de pesos.
A ver qué resulta de esta aventura, porque a pesar de las declaracionitis en que cayó García Vidal, afirmando que todo estaba resuelto, la realidad es que el Ceepac se truena los dedos y por eso el INE lo colocó en situación de riesgo financiero para no celebrar los comicios.
El que intentará un nuevo zarpazo a los bolsillos de los potosinos de la capital es el alcalde Enrique Galindo, quien bajo el pretexto de renovar los parquímetros, seguramente quiere empezar a tejer el argumento para un aumento de las tarifas que los diputados locales le han negado.
Como sabemos, el expriista se especializa en alzas en el cobro de servicios e impuestos, a pesar de lo cual cayó de pie con la reelección en el cargo.
Habrá que estar muy atentos al esquema de financiamiento de los nuevos parquímetros, no vaya a ser que la realidad oculta es que quiera privatizarlos.
No olvidemos que el gobernador Ricardo Gallardo reveló hace unos meses que el servicio de basura que brinda la empresa Red Ambiental fue un «negocito» de Galindo y ni modo que el mandatario no esté bien enterado.
