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Los últimos datos de la oficina de derechos humanos apuntan a al menos 61 ataques a nivel nacional desde que se produjo la catástrofe, 16 de ellos desde el 2 de abril, cuando debía entrar en vigor el alto el fuego anunciado por los militares. Las evaluaciones apuntan a la destrucción generalizada de las infraestructuras críticas en la zona central del país.
El Ejército de Myanmar ha seguido lanzando ataques aéreos y de otro tipo contra las fuerzas de la oposición en el devastado país, una semana después de que se produjera un terremoto de magnitud 7,7 y a pesar de haber acordado un alto el fuego, advirtió este viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
A través de un comunicado emitido por su portavoz, la Oficina de Derechos Humanos detalló que en los días posteriores al mortífero terremoto que asoló el centro del país, el Ejército prosiguió sus operaciones y ataques, incluidos ataques aéreos, algunos de los cuales se lanzaron “poco después de que amainaran los temblores”.
“Insto a que se detengan todas las operaciones militares y a que la atención se centre en asistir a los afectados por el terremoto, así como en garantizar el acceso sin trabas a las organizaciones humanitarias que están dispuestas a prestar ayuda”, declaró Volker Türk, quien expresó a su vez su esperanza por que la tragedia “pueda ser un punto de inflexión para el país hacia una solución política integradora”.
61 ataques desde el terremoto
Los últimos datos de la oficina de derechos humanos apuntan a al menos 61 ataques en todo Myanmar desde que se produjo la catástrofe, 16 de ellos desde que el alto el fuego anunciado por los militares debía entrar en vigor el 2 de abril.
Una amplia coalición de grupos armados de la oposición ha declarado una tregua temporal de las operaciones ofensivas para facilitar la ayuda de emergencia.
Las tácticas de los militares, conocidos como el Tatmadaw en Myanmar, incluyen el uso de parapentes adaptados casi silenciosos para bombardear comunidades, dijo James Rodehaver, responsable de la Oficina de Derechos Humanos en el país.
“Se trata de un operativo militar individual que utiliza un ala delta con una mochila atada a la espalda o al torso con un gran ventilador y lo utiliza para volar en parapente utilizando el ventilador como motor sobre las zonas y lanzar bombas o municiones portátiles sobre los objetivos que se encuentran debajo”.
Respuesta al seísmo
Las regiones más afectadas por el seísmo, que se produjo aproximadamente a las 12:50 hora local del 28 de marzo, son Mandalay, la segunda ciudad del país y hogar de 1,2 millones de personas, Sagaing, capital Nay Pyi Taw, Bago, Magway y los estados de Shan oriental y meridional.
Las evaluaciones han puesto de manifiesto la destrucción generalizada en toda la zona central de Myanmar de infraestructuras críticas, como instalaciones sanitarias, redes de carreteras y puentes.
En una actualización, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también informó de que los suministros de electricidad y agua siguen interrumpidos, lo que empeora el acceso a los servicios de salud y aumenta el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos.
Hasta el momento, la agencia sanitaria ha proporcionado cerca de 100 toneladas de medicamentos, dispositivos médicos y tiendas de campaña, y está ayudando en la coordinación y el despliegue de equipos médicos de emergencia sobre el terreno para atender las necesidades casi 12,9 millones de personas.
Destrucción masiva
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que hizo un llamamiento por valor de 16 millones de dólares para ayudar a 1,2 millones de supervivientes, declaró que se calcula que hasta el 80% de las estructuras de Mandalay se han derrumbado.
Babar Baloch, portavoz de ACNUR, explicó que la agencia ya ha desplegado la ayuda de emergencia existente, que incluye láminas de plástico y utensilios de cocina para 25.000 supervivientes en las regiones de Mandalay, Sagaing y Bago, así como en la capital, Nay Pyi Taw, y partes del estado de Shan.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, socio de la ONU, informó de que 136 municipios se habían visto afectados por el terremoto “y alrededor del 25% se encuentran en zonas no controladas por el Gobierno, lo que complica el acceso”.
Haciéndose eco de estas preocupaciones, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, afirmó que la magnitud del desastre se ha visto agravada por el apagón informativo provocado por los cortes de internet y de las telecomunicaciones “impuestos por los militares”.