Palestra / México
El Gobierno del Presidente Donald Trump está presionando a México para que investigue, procese y extradite a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluidos miembros del partido oficialista Morena, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones.
Las solicitudes han sido presentadas en al menos tres ocasiones por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su equipo, durante reuniones bilaterales con funcionarios mexicanos. La intención es que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lance una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, indicaron cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.
Según dos de esas fuentes, la delegación estadounidense incluso ha amenazado con imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si no se actúa contra ciertos políticos. Las pláticas no se habían hecho públicas hasta ahora.
Extradiciones, aranceles y presión diplomática
Washington justifica su presión en la creciente influencia del narcotráfico sobre las estructuras de poder en México. En febrero, el Gobierno mexicano extraditó a 29 presuntos integrantes de cárteles, la mayor entrega en años, tras amenazas arancelarias de Trump. Durante las negociaciones, también se discutió la posibilidad de agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI.
En ese contexto, funcionarios estadounidenses plantearon además la posibilidad de nombrar un “zar del fentanilo” que se comunique directamente con el equipo de Sheinbaum para coordinar esfuerzos en el combate al opioide, una droga que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Washington también ha solicitado controles más estrictos en los cruces fronterizos para inspeccionar carga y viajeros, en un intento por frenar el tráfico de drogas y armas.
Funcionarios de Morena bajo la lupa
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) es constitucionalmente autónoma, EE.UU. ha acusado durante años al Estado mexicano de proteger a políticos vinculados con los cárteles. Según dos fuentes, en las conversaciones se mencionaron al menos cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, entre ellos la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ávila anunció en mayo que EE.UU. revocó las visas de turista de ella y su esposo, calificando la decisión como “una injusticia”. Ni el Departamento de Estado ni la Embajada estadounidense en México se han pronunciado al respecto.
Riesgos políticos para Sheinbaum
Las solicitudes de Washington representan un dilema para Sheinbaum: una ofensiva contra políticos en funciones, especialmente de su propio partido, podría generar fracturas internas y tensiones políticas. Sin embargo, negarse podría desencadenar consecuencias económicas o diplomáticas con Estados Unidos, el principal socio comercial de México.
Perseguir a funcionarios en activo ha sido una línea roja en México, debido a su inmunidad legal. Procesarlos por delitos graves como narcotráfico requiere la autorización del Congreso, lo que complica la cooperación con las agencias estadounidenses.
La detención en 2020 del ex Secretario de Defensa Salvador Cienfuegos por la DEA provocó una crisis diplomática que todavía pesa sobre la relación bilateral. Cienfuegos fue devuelto a México y no ha sido procesado.