Jonathan García / Palestra
Desde el Congreso del Estado se solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) la realización de una auditoría forense al organismo operador de agua Interapas, ante presuntas irregularidades en la renta de pipas a sobreprecio. Asimismo, se pedirá la destitución de su director general, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías informó que ya presentó la petición formal para llevar a cabo dicha auditoría, con el objetivo de que se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.
“Ya basta de que se lucre con la necesidad de agua de la gente. El mensaje es claro: queremos que los ciudadanos de la zona metropolitana sepan que estamos combatiendo este tipo de malas prácticas. No es justo que falte agua, pero sí haya negocios en los gobiernos municipales”, enfatizó.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también exigió la destitución de Hernández Delgadillo, por su presunta omisión ante las irregularidades detectadas. “Debió ser el primer responsable en prevenir que este tipo de prácticas, que afectan el patrimonio de los potosinos, ocurrieran. Hoy venimos a exigir consecuencias”, sostuvo.
Gámez Macías detalló que la irregularidad se deriva de una adjudicación directa por 233 millones de pesos a una sola empresa, lo cual implicaría un sobrecosto de más de 85 millones de pesos. “Con esa cifra es más que suficiente para proceder legalmente, porque se está violando la ley y perpetuando malas prácticas administrativas”, afirmó.
Según el diputado, este presunto desvío de recursos impidió la atención y mantenimiento adecuado de la red hidráulica. “No se puede permitir que se realicen negocios al amparo del poder solo para beneficiar a unos cuantos. Eso es lo que estamos combatiendo”, agregó.
Finalmente, adelantó que la próxima semana sesionará la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde se abordará este tema y otros relacionados con el manejo de recursos públicos. “Esos 85 millones de pesos de sobreprecio no fueron a parar a infraestructura; fueron al bolsillo de unos pocos, y por eso exigimos la auditoría forense”, concluyó.