Jonathan García / Palestra
En el estado de San Luis Potosí existen aproximadamente 40 mil viviendas sin regularizar en áreas urbanas, según informó Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, director del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis). Esta cifra corresponde exclusivamente a los asentamientos identificados por el propio instituto y no incluye aquellos ubicados en zonas agrarias, que también presentan un rezago significativo.
Sánchez destacó que, al inicio de la actual administración, el instituto había previsto un plan de trabajo que contemplaba la regularización de 10 mil casos. Sin embargo, la magnitud del problema ha obligado a replantear el alcance de la estrategia, ya que prácticamente todo el estado enfrenta dificultades relacionadas con asentamientos irregulares, especialmente en zonas urbanas.
El director del Inrevis señaló que, aunque es posible regularizar muchas de estas viviendas, existen otros casos que requieren atención judicial debido a conflictos legales.
“Uno de los casos más representativos es el de la zona El Polvorín, en la región Media, en Rioverde. En este caso, el vendedor de los terrenos no era el propietario legal, lo que generó que los compradores se asentaran sin la titularidad correspondiente. Cuando intentamos intervenir para mediar y que los terrenos fueran adquiridos a un precio justo, el propietario legítimo se mostró inflexible”, explicó Sánchez.
Además, el director advirtió que muchas de las colonias afectadas están habitadas por personas en condiciones de alta marginación, lo que hace urgente la regularización para poder acceder a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. Sin embargo, los conflictos legales derivados de ventas informales, a menudo realizadas por personas que ya han fallecido, complican aún más la solución del problema.
“Cuando los acuerdos de compraventa no son formalizados ante notario, los conflictos legales tienden a prolongarse. En algunos casos, los herederos revenden los terrenos sin tener claridad sobre los acuerdos previos, lo que puede derivar en problemas de inseguridad, ya que los terrenos vacíos pueden ser ocupados por grupos delictivos”, indicó Sánchez.
El director también subrayó que la resolución de estos conflictos es fundamental no solo para regularizar la situación jurídica de las viviendas, sino también para mejorar las condiciones de vida de miles de potosinos, quienes, en su mayoría, viven en condiciones de vulnerabilidad.
El Inrevis continúa trabajando en la actualización de los registros y en la búsqueda de soluciones jurídicas y sociales para resolver el rezago de los asentamientos irregulares en el estado.