Jonathan García / Palestra
A menos de dos semanas de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Cuauhtli Badillo Moreno, reconoció que varios asuntos legislativos quedarán pendientes, entre ellos tres consultas obligatorias que no han podido llevarse a cabo por falta de presupuesto, así como el retraso en la discusión de iniciativas polémicas, como la relativa a la castración química.
Entre los temas rezagados, Badillo Moreno destacó las consultas a pueblos originarios, personas con discapacidad y sobre educación inclusiva. Estas consultas son un requisito legal indispensable para legislar en materias prioritarias, y su realización ha sido ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ya la Suprema Corte nos ha estado solicitando avances. Estamos en vías de cumplimiento y solo esperamos una ampliación presupuestal para poder cumplir con estas disposiciones”, explicó.
El legislador detalló que, aunque ya se han realizado trabajos organizativos preliminares, aún falta lo fundamental: los recursos. Se estima que se requiere entre un millón y millón y medio de pesos para realizar las consultas de manera adecuada y conforme a derecho. Dicha gestión recae en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien según comentó el legislador Badillo, sostuvo que esta semana tendría una reunión con la Secretaría de Finanzas para abordar el tema.
Respecto a la iniciativa sobre la castración química, que ha generado amplio debate público, Badillo Moreno aclaró que no está sujeta a consulta previa. No obstante, se había planeado organizar foros y mesas de análisis con distintos sectores sociales, lo cual también ha quedado en espera.
Ante las críticas sobre la reciente instalación de un nuevo tablero electrónico en el Pleno y la aparente contradicción con la falta de recursos para otros temas, el diputado precisó que dicho gasto provino de un rubro etiquetado exclusivamente para la inversión en bienes muebles e inmuebles, lo que impide legalmente su reasignación a otros fines, como la realización de las consultas.