Jonathan García / Palestra
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sigue siendo sujeta a auditorías y que existen observaciones por cerca de 670 millones de pesos, derivadas de la negativa de la institución a permitir la revisión de los recursos públicos que recibe.
Rodrigo Lecourtois López, auditor superior del IFSE, recordó que en años anteriores las auditorías a la universidad arrojaban hallazgos mucho menores, entre dos y tres millones de pesos, principalmente relacionados con exrectores y administradores. Sin embargo, desde 2023, la UASLP decidió no someterse a nuevas revisiones argumentando su autonomía y señalando que cuenta con una contraloría interna designada por la propia universidad.
Para evadir la fiscalización, la universidad promovió tres amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional, todos desechados por improcedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lecourtois López enfatizó que las sanciones no recaerán sobre la universidad como institución, sino sobre los funcionarios que obstaculizaron la rendición de cuentas. Estas podrían incluir multas económicas e incluso inhabilitaciones, ante la magnitud de los recursos no revisados y la negativa reiterada a permitir auditorías.
Los expedientes serán enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para que se determinen las sanciones correspondientes. Entre los posibles sancionados figuran los titulares de la rectoría y de la administración universitaria. Por su parte, la Abogada General de la universidad, quien asesoró al rector en la decisión de no permitir la fiscalización, no será incluida en la lista, aunque su participación fue señalada por Lecourtois López.