Jonathan García / Palestra
A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, el acceso efectivo a los servicios de interrupción legal del embarazo sigue siendo limitado. Un informe del Frente Marea Verde, en colaboración con la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, Abortistas MX y Apoyaré A.C., reveló que entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se realizaron 674 procedimientos, de los cuales casi el 70 por ciento se llevaron a cabo fuera del sistema público de salud.
De acuerdo con el documento, la mayoría de los casos fueron acompañados por redes feministas y se realizaron con medicamentos durante las primeras doce semanas de gestación. En contraste, los Servicios de Salud del Estado reportaron únicamente 136 atenciones y el IMSS 71, mientras que el ISSSTE no entregó información sobre el número de casos.
Las organizaciones denunciaron que, pese a la reforma legal aprobada en 2024, persisten obstáculos administrativos, ambigüedades legales y falta de capacitación en los hospitales. Solo el Hospital del Niño y la Mujer no cuenta con personal objetor de conciencia, mientras que en el IMSS 66 de 82 ginecólogos se declararon objetores, lo que restringe la atención.
El informe también expone rezagos presupuestales: aunque el recurso federal destinado a la Interrupción Legal del Embarazo aumentó de 446 mil pesos en 2024 a 2.2 millones en 2025, menos de la mitad se ha ejercido. Además, el monto para la compra de medicamentos se redujo de 223 mil 800 pesos a 83 mil 984, sin que hasta ahora se haya concretado la adquisición de los fármacos.
Las colectivas advirtieron que la despenalización fue solo el primer paso y que el reto pendiente es garantizar la atención sin estigmas ni barreras institucionales. “El derecho a decidir no puede quedarse en el papel; debe traducirse en servicios accesibles, seguros y humanos para todas las mujeres potosinas”, concluyeron.