Jonathan García / Palestra
En una protesta simbólica dentro del Congreso del Estado, los colectivos Derechos Urbanos y Pedaleando realizaron una “anticelebración” para recordar los tres años de omisión legislativa en torno a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Desde las butacas del pleno, exigieron la realización inmediata de consultas públicas y, al concluir la sesión, partieron un pastel en el vestíbulo como recordatorio de la falta de avances.
Claudio Aldrete, representante de Derechos Urbanos, advirtió que la ausencia de una ley local ha costado vidas humanas. Señaló que en tres años se han registrado cerca de mil 500 muertes por siniestros viales, consecuencia de omisiones legislativas. Criticó que, pese a la reciente ampliación de alrededor de 10 millones de pesos al presupuesto del Congreso, no se haya destinado recurso alguno para las consultas con pueblos originarios y personas con discapacidad, requisito indispensable para aprobar la norma.
Por su parte, Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando, señaló que el Estado carece de bases de datos confiables para dimensionar la magnitud del problema. Explicó que cuando solicitan información a las autoridades municipales, los datos se entregan sin georreferenciar y sin desagregar, lo que impide generar políticas públicas efectivas. “Esa es justamente una de las peticiones que plantea la ley de movilidad”, enfatizó.
Ambos activistas reconocieron que han sostenido pláticas con el diputado Emilio Rosas y con algunos integrantes de Morena, además de encuentros con autoridades municipales; sin embargo, lamentaron que no se hayan obtenido resultados concretos. Coincidieron en que el Congreso debe construir política pública que contribuya a reducir los siniestros y mejorar el transporte público, mientras que los municipios deben garantizar infraestructura y reglamentos adecuados.
Finalmente, subrayaron que su objetivo no es confrontar, sino sumar esfuerzos para que la legislación avance. “La idea no es confrontar a nadie, sino sumar entre todas las fuerzas que existen en la sociedad”, expresó Hernández, al recordar que la responsabilidad de aprobar la ley recae en los 27 legisladores locales, quienes —dijo— “ya acumulan tres años sin resultados”.