Jonathan García / Palestra
El Congreso del Estado inició el proceso para relevar a los integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, luego de semanas de tensiones internas, señalamientos públicos y una creciente incapacidad del órgano para mantener la gobernabilidad en el municipio recién creado. La medida, impulsada desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), busca estabilizar la administración local tras los conflictos que han marcado su instalación desde octubre.
El presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, explicó que aún no se ha determinado cuántos concejales serán sustituidos, pero adelantó que la revisión alcanzará también a los suplentes, con el fin de garantizar una transición ordenada y conforme a la ley. El acuerdo será turnado al Pleno para su votación; sin embargo, no está claro si deberá pasar previamente por la Comisión de Gobernación. La decisión podría quedar lista entre domingo y lunes, dependiendo de la agenda legislativa.
El procedimiento se originó a partir de una solicitud del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aunque el dictamen sufrió modificaciones durante su análisis interno. Serrano reconoció que el proceso podría enfrentar impugnaciones, pero aseguró que se han tomado previsiones para disminuir el riesgo de inconsistencias legales.
El Concejo Municipal está integrado por 14 miembros, además de sus suplentes, sin contar a la presidenta Martha Aradillas. Su permanencia se vio comprometida tras una serie de controversias, entre ellas la reciente filtración de un audio en el que concejales discutían un presunto bono de fin de año, hecho que terminó por acelerar la intervención del Congreso.
Serrano admitió que los intereses partidistas también influyen en este tipo de determinaciones, pues cada fuerza política intenta salvaguardar posiciones y definir su peso en la toma de decisiones locales. Ante este escenario, adelantó que el Congreso se encuentra trabajando en la armonización de las leyes estatales relacionadas con nepotismo y reelección, con miras a evitar conflictos normativos rumbo al proceso electoral del 2027.