Jonathan García / Palestra
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizará un ajuste de última hora en su agenda institucional para concretar, antes del cierre de 2025, la designación de la nueva o nuevo titular de la Facultad de Derecho. El rector Alejandro Zermeño Guerra confirmó que el próximo jueves 18 de diciembre se desarrollarán, de manera consecutiva, una sesión extraordinaria y otra ordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU), debido a las complicaciones logísticas que representan estas fechas para los consejeros que viajan desde el interior del estado.
La sesión extraordinaria será exclusiva para la elección de la dirección de Derecho, mientras que la ordinaria servirá para cerrar el ciclo anual y, en caso de que la votación se concrete, realizar la toma de protesta. Aunque podría haber ajustes menores en los horarios, el rector indicó que el orden de las reuniones ya quedó establecido para evitar retrasos en el proceso.
Zermeño recordó que, si la elección no prospera por falta de acuerdos o por no alcanzarse la votación necesaria, el Estatuto Orgánico le otorga la facultad de integrar una terna sin consultar a la comunidad y someterla directamente al CDU, una medida que aplicaría solo después de dos meses sin dirección en funciones. Aunque el mecanismo está previsto en la normatividad, insistió en que su intención ha sido respetar el procedimiento interno y la opinión de la Facultad.
El rector señaló que la terna ya cuenta con el aval del Consejo Técnico, por lo que existe confianza en que el proceso pueda cerrarse la próxima semana. De no lograrse, ya no habría oportunidad de convocar a otra sesión extraordinaria en diciembre, debido a las restricciones legales sobre los tiempos de citación y al inicio del periodo vacacional. En tal caso, la discusión se retomaría hasta enero.
Zermeño también abordó el escenario presupuestal para 2026, marcado por la posibilidad de un recorte aproximado de 200 millones de pesos para la UASLP. Subrayó que la Universidad no participa en la negociación del presupuesto ante el Congreso local, pues esa función recae en el Ejecutivo estatal dentro del convenio de colaboración con la Federación. Sostuvo que este diseño protege la autonomía universitaria de presiones políticas y que la institución deberá asumir lo que se determine en ese marco.
El rector advirtió que un ajuste de esa magnitud generaría presiones inmediatas en la operación académica y administrativa, particularmente en la distribución de horas clase y mantenimiento de grupos, por lo que confió en que el recorte no se materialice.