Jonathan García / Palestra
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado comenzó la integración del paquete anual de expedientes que serán analizados para determinar qué personas privadas de su libertad podrían acceder al beneficio de preliberación este mismo mes. El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, detalló que se trata del cuarto año consecutivo en que se aplica este esquema bajo la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El funcionario explicó que el proceso se basa exclusivamente en criterios jurídicos y en el cumplimiento pleno de los requisitos que marca la ley. La revisión no se limita al tiempo de internamiento, sino que también abarca elementos como conducta, circunstancias del caso y el tipo de sentencia. Por ello, insistió en que la preliberación no es automática ni generalizada.
Juárez Hernández indicó que la valoración de los casos se desarrolla de manera coordinada con la Defensoría Pública del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que la decisión final se sustente en un análisis integral que contemple tanto la situación legal de cada persona como su elegibilidad según el marco normativo.
En total, se preparan alrededor de 180 expedientes para ser turnados a revisión; sin embargo, el número definitivo de beneficiarios dependerá de los dictámenes que emita el Poder Judicial durante las audiencias correspondientes. El titular de Seguridad estatal insistió en que será ese poder quien determine, caso por caso, si se cumplen los criterios para conceder la medida.
Aunque aún no se define la fecha en que se resolverán los expedientes, Juárez aseguró que el proceso avanza en tiempo y forma. Reiteró que las preliberaciones solo se otorgarán a quienes cumplan plenamente con las condiciones jurídicas y sean considerados aptos dentro del análisis institucional.

