Jonathan García / Palestra
A dos días de que venza el plazo federal para que las empresas adapten su normativa interna a la Ley Silla, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí reconoció que persisten dudas entre los sectores productivos sobre cómo implementar correctamente esta nueva obligación. El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, admitió que la socialización del tema avanzó más lento de lo previsto y que el acompañamiento técnico deberá extenderse incluso después de que la ley sea plenamente exigible.
Sánchez Lara explicó que la Ley Silla forma parte de la agenda laboral nacional y, por ende, también de la estatal. Por ello, anunció que a partir de 2025 se desarrollarán mesas de trabajo dirigidas a empresas, comercios y trabajadores para detallar en qué consiste el derecho de las personas trabajadoras a contar con un asiento durante su jornada y cómo deben adecuarse los centros laborales.
El funcionario señaló que el objetivo es aclarar las dudas que aún persisten entre patrones y empleados sobre los ajustes que deben realizarse. Aunque reconoció que “el tiempo los alcanzó”, confió en que la mayoría de los centros laborales podrá modificar sus lineamientos internos conforme marca la norma federal.
Durante una reciente reunión nacional, añadió, se presentó también el calendario de reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 40 horas semanales de manera gradual. Este proceso —que ha generado inquietud entre los sectores productivos— iniciará en 2027 con una disminución a 46 horas; seguirá en 2028 con 44 horas; en 2029 con 42; y finalmente en 2030 quedará establecida en 40 horas.
De acuerdo con Sánchez Lara, el esquema escalonado permitirá que las empresas se adapten sin impactos operativos drásticos y con un margen suficiente para reorganizar turnos, procesos y personal.
El titular de la STPS sostuvo que tanto la Ley Silla como la reducción de la jornada representan cambios históricos en materia laboral y requerirán un acompañamiento permanente del gobierno estatal. La instrucción, dijo, es garantizar que en San Luis Potosí ambos procesos se apliquen con claridad, orden y sin afectar la productividad de los centros de trabajo.