Jonathan García / Palestra
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) defendió la iniciativa en materia de paridad de género aplicada a la elección de la gubernatura de 2027, al señalar que se trata de una propuesta con sustento legal, producto de un análisis técnico y presentada dentro de los tiempos que corresponden a sus atribuciones como órgano electoral.
La consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, explicó que el organismo actuó como autoridad especializada en materia electoral, con el objetivo de que el próximo proceso electoral cuente con reglas claras y previamente definidas, particularmente en un tema que forma parte de la agenda nacional y de los criterios jurisdiccionales vigentes.
Precisó que la iniciativa no fue improvisada ni responde a coyunturas políticas, sino que se presentó una vez agotados distintos procedimientos y lineamientos internos, atendiendo a los momentos que el propio marco legal permite para realizar este tipo de planteamientos.
Blanco López subrayó que el documento enviado al Poder Legislativo es robusto y no se limita únicamente al tema de paridad de género, sino que incluye otros aspectos técnicos relevantes para la organización del proceso electoral, derivados de un análisis integral de la legislación local.
Indicó además que la propuesta se encuentra respaldada por resoluciones y criterios emitidos desde hace varios años por instancias jurisdiccionales, que han exhortado a las entidades federativas a establecer marcos normativos que garanticen la igualdad sustantiva en el acceso a los cargos públicos.
La presidenta del Ceepac aclaró que corresponde exclusivamente al Congreso del Estado y, en su caso, a las instancias jurisdiccionales, el análisis, discusión y eventual validación de la iniciativa, mientras que el papel del organismo electoral se limitó a ejercer su facultad de presentar el proyecto.
Finalmente, informó que la iniciativa es resultado de más de un año de trabajo técnico, iniciado al concluir el pasado proceso electoral ordinario, y que incluyó la participación de partidos políticos a través de una comisión temporal especializada en el análisis de la normativa electoral.