Jonathan García / Palestra
La reciente aprobación de la reforma que establece la postulación exclusiva de mujeres a la gubernatura de San Luis Potosí a partir de 2027 reabrió un debate que trasciende el ámbito legislativo y deja al descubierto las desigualdades estructurales que persisten en la vida política del estado, consideró Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
La consejera, también integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C., señaló que las críticas surgidas tras la aprobación de la llamada Ley Gobernadora se explican, en buena medida, por la forma en que el tema ha sido percibido desde el exterior, particularmente los señalamientos que apuntan a una supuesta alineación de los organismos electorales con el Poder Ejecutivo.
No obstante, subrayó que el sustento de la reforma no responde a una decisión coyuntural, sino a más de un año de trabajo técnico y jurídico, encaminado a dar cumplimiento a un mandato del Tribunal Electoral para garantizar la paridad sustantiva en la elección de la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Díaz Vázquez explicó que la paridad sustantiva va más allá de permitir la participación de mujeres y hombres en condiciones formales de igualdad, pues implica generar escenarios reales para que las mujeres resulten electas y ejerzan los cargos públicos, una meta que, dijo, aún no se ha alcanzado plenamente pese a los avances normativos registrados a nivel nacional.
Recordó que desde 2020 todas las entidades del país han celebrado elecciones de gubernatura bajo el principio de paridad, sin que ello se haya traducido en una competencia equilibrada, ya que las mujeres continúan enfrentando mayores obstáculos cuando compiten directamente contra hombres, en contextos donde las reglas paritarias no inciden de la misma forma en partidos políticos locales ni en candidaturas independientes.
Finalmente, la consejera advirtió que el debate generado tras la aprobación de la reforma también exhibe un sesgo cultural y social que sigue privilegiando a los hombres en los espacios de poder y en la opinión pública, al tiempo que normaliza la exclusión de las mujeres de los cargos de mayor jerarquía, lo que, sostuvo, justifica la permanencia de medidas afirmativas para avanzar hacia una representación política efectiva.