Jonathan García / Palestra
El avance y la distribución del Programa de Vivienda para el Bienestar en San Luis Potosí dependerán directamente de la donación de predios por parte de los ayuntamientos, informó el titular de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
El funcionario explicó que, a diferencia de otros esquemas, no existe una asignación fija de viviendas para cada uno de los 59 municipios de la entidad, ya que la prioridad se establece conforme a la disponibilidad de terrenos que puedan aportar los gobiernos municipales, con el objetivo de evitar que el costo del suelo encarezca el precio final de las casas para los beneficiarios.
Detalló que la meta seccional del programa en San Luis Potosí es de 49 mil 930 viviendas, las cuales se concentrarán en los municipios que cumplan con el requisito de donación de predios. Señaló que la operación del programa, principalmente a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se sustenta en este criterio como condición básica para detonar los proyectos.
Hasta el momento, los municipios que han concretado donaciones son Cerro de San Pedro, Ciudad Valles y Tanlajás. En el caso de Charcas, precisó que ya se donaron 1.8 hectáreas, con posibilidad de ampliación, y el proyecto se encuentra en una fase técnica previa al inicio de la construcción. También se analiza una vertiente en Matehuala, aunque el proceso permanece detenido debido a que el predio propuesto no alcanza una hectárea.
El representante de la SEDATU indicó que las primeras acciones del programa podrían arrancar en marzo, particularmente en Ciudad Valles, y recordó que la estrategia se implementa a través de tres vertientes: Conavi, Infonavit y Fovissste.
Precisó que Conavi atenderá a personas sin seguridad social, es decir, aquellas que no estén afiliadas ni a Infonavit ni a Fovissste, bajo esquemas de pago definidos mediante tablas de amortización y criterios de prioridad social. En este rubro, se dará preferencia a personas con discapacidad, adultos mayores y, posteriormente, a jóvenes de entre 18 y 59 años que no han tenido acceso a una vivienda.
Finalmente, reconoció que se han detectado variaciones en los cobros por la instalación de servicios, principalmente en proyectos vinculados a Infonavit, con montos que van de 750 a 3 mil pesos, por lo que subrayó la necesidad de establecer mayor orden y coordinación entre los organismos involucrados en la ejecución de la vivienda social del programa Bienestar.