Jonathan García / Palestra
Las corporaciones de seguridad en San Luis Potosí asumirán nuevas atribuciones a partir de una reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que les permitirá participar de forma directa en la investigación de delitos del fuero común, además de sus funciones preventivas.
La modificación al artículo 122 Ter abre la puerta para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales recaben indicios, pruebas y datos útiles para las indagatorias, facultades que hasta ahora correspondían principalmente al Ministerio Público. No obstante, la judicialización de los casos seguirá siendo competencia exclusiva de la Fiscalía.
La implementación será paulatina. Las corporaciones estatales iniciarán bajo el nuevo esquema en enero de 2027, mientras que las policías municipales se incorporarán hasta 2028. Previamente, las autoridades deberán adecuar protocolos operativos, capacitación y marcos normativos para garantizar que las actuaciones se ajusten a derecho.
La reforma fue promovida por los diputados Leticia Vázquez y Rubén Guajardo, quienes argumentaron que ampliar las facultades permitirá distribuir la carga de trabajo entre instituciones y reducir los tiempos de investigación, en un contexto de alta demanda de resultados en materia de seguridad.
Sin embargo, el nuevo modelo enfrenta retos estructurales. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de este año 837 de los cinco mil 584 elementos de corporaciones estatales, municipales, penitenciarias y de investigación no contaban con certificación vigente de control de confianza.
El rezago es mayor en las policías municipales, donde solo el 74 por ciento de los agentes está certificado; en el ámbito estatal la cifra asciende a 87 por ciento, mientras que la Policía de Investigación alcanza un 94 por ciento, lo que evidencia diferencias en profesionalización que podrían incidir en la aplicación efectiva de las nuevas facultades.