Palestra / Ciudad de México
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa relacionada con el “Plan B” en materia electoral es congruente con los principios de austeridad republicana, respeta el federalismo, el municipalismo y el régimen interior de los estados.
Recordó que Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México ya hicieron reformas para ajustar y hacer funcionales sus gobiernos municipales en la integración de sus regidores y los gobiernos estatales.
El senador aseguró que a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, no se le dará “fast track” en el Senado, sino que seguirá el trámite legislativo ordinario.
En entrevista con representantes de medios de información, el legislador aseguró que al proyecto se le dará cumplimiento de acuerdo con lo que establece el proceso legislativo, es decir que se turnará a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Además, se elaborará el proyecto de dictamen para que se circule conforme al tiempo que establece el Reglamento, para pueda ser discutido por las comisiones y, una vez que se apruebe en estas instancias, se remita al Pleno y, en todo caso, pueda ser aprobada antes de Semana Santa.
“La presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana y no es la voluntad de una mayoría, es la voluntad de preservar las reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”, expresó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que el Senado de la República debe tener una simetría funcional con Cámara de Diputados e iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto que es del pueblo de México, “y al ser la Cámara de Origen debemos ser congruentes y consistentes”.
Reiteró que los congresos de los estados tendrán que hacer las adecuaciones para determinar conforme al número de población, la orografía y topografía de cada entidad federativa, cuántos son los regidores que integrarían cada cabildo, para mantener como un mínimo de siete para garantizar la representación de las minorías.
En el Congreso de la Unión no se reduce el número de integrantes, “porque esa es una voluntad de la propia soberanía de los estados”, puntualizó.