Palestra / Ciudad de México
México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.
El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.
Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia.
Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.
Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.
El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley. Herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La Plataforma Única de Identidad.
La obligación de fiscalías especializadas estatales.
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.
ASÍ LO DIJO LA ONU
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha decidido solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
La entidad subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.
Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
El Comité aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
La magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. También citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4500 fosas, que contienen más de 6200 cadáveres y 4600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados.
A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles.
Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
El Comité solicitó a la Asamblea que considere adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.