Jonathan García / Palestra
El padrón de deudores alimentarios en San Luis Potosí se mantiene como un mecanismo de control interno, con acceso restringido y sujeto a cambios continuos, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Ante el interés que ha generado este registro, la magistrada precisó que, en la entidad, la normativa vigente establece que la información no es de carácter público, por lo que únicamente puede ser consultada por las personas directamente involucradas en los procesos, a fin de garantizar la protección de datos personales.
Detalló que el padrón no cuenta con una integración fija, ya que su conformación depende del comportamiento de los deudores alimentarios. Aquellos que incumplen con sus obligaciones pueden ser incorporados, mientras que quienes regularizan su situación son retirados del listado.
“Es un registro que se mueve conforme al cumplimiento de las obligaciones”, explicó.
En relación con el número actual de personas inscritas, Zarazúa Martínez señaló que no se dispone de una cifra confirmada en este momento, aunque no descartó que pueda darse a conocer posteriormente con datos verificados.
El contexto refleja la importancia del tema en el ámbito judicial local. En San Luis Potosí, los asuntos familiares —particularmente los relacionados con pensiones alimenticias— forman parte significativa de la carga de trabajo en los juzgados, con miles de expedientes que se atienden año con año.
De esta manera, el padrón de deudores alimentarios se posiciona como una herramienta jurídica activa, que si bien no es pública en la entidad, busca incidir en el cumplimiento de una de las obligaciones más sensibles dentro del entorno familiar.