Jonathan García / Palestra
El Congreso del Estado enfrenta limitaciones legales y presupuestarias que complican la realización de las consultas indígena y en materia de discapacidad, mandatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo reconoció el diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política, quien advirtió que las condiciones actuales impiden avanzar conforme a lo previsto.
De acuerdo con estimaciones internas del área financiera del Poder Legislativo, el ejercicio de consulta dirigido a comunidades indígenas requeriría una inversión aproximada de entre 12 y 14 millones de pesos. En tanto, el proceso enfocado en personas con discapacidad implicaría un gasto adicional de entre 4 y 6 millones, lo que en conjunto eleva la necesidad presupuestaria a un rango de entre 18 y 20 millones de pesos.
El legislador explicó que, pese a la relevancia de estos ejercicios, el Congreso no cuenta con la posibilidad de gestionar una ampliación presupuestal. Esto, derivado de disposiciones recientes vinculadas al denominado “Plan B”, que restringen incrementos en los recursos asignados a los Congresos locales, situación que coloca al proceso en riesgo de no avanzar más allá de su etapa inicial.
Ante este panorama, Serrano Cortés indicó que el área jurídica del Congreso buscará establecer comunicación con la Suprema Corte para explorar alternativas que permitan cumplir con la resolución sin contravenir las limitaciones legales vigentes. Señaló que, si bien ya se han cubierto etapas como los plazos y la integración del ente consultor, la falta de recursos representa el principal obstáculo.
Finalmente, el diputado apuntó que también se valorará la posibilidad de ajustar ciertos mecanismos del proceso, siempre bajo la validación de la Corte y con el consentimiento de las comunidades involucradas. No obstante, reconoció que alcanzar estos acuerdos será complejo debido a la naturaleza y alcance de las consultas.