Jonathan García / Palestra
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona descartó la emisión inmediata de un decreto para prohibir la fractura hidráulica en San Luis Potosí y señaló que, por ahora, no existe ningún proyecto activo bajo esta técnica en la entidad, al tiempo que ofreció abrir espacios de diálogo con organizaciones opositoras. El mandatario sostuvo que el estado aún no está en condiciones para el desarrollo de este tipo de extracción y expresó su intención de respaldar foros para analizar el tema.
La postura del Ejecutivo estatal se da luego de que integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas solicitaron que San Luis Potosí sea declarado territorio libre de fracking, ante los posibles impactos ambientales y sociales. Durante una sesión centrada en agua y derechos de comunidades originarias, representantes tének y nahua insistieron en la necesidad de una medida jurídica que impida de forma definitiva la implementación de esta técnica.
En ese contexto, los participantes advirtieron que la posición del gobierno resulta insuficiente si no se traduce en un instrumento legal vinculante, al considerar que descartar proyectos sin respaldo normativo deja abierta la posibilidad de que puedan impulsarse en el futuro. Señalaron que una declaratoria oficial permitiría establecer un blindaje frente a actividades extractivas, especialmente en zonas como la Huasteca Potosina.
Asimismo, organizaciones y especialistas indicaron que existen antecedentes de estudios y prospecciones relacionadas con hidrocarburos no convencionales en la región, lo que, afirmaron, contrasta con versiones que minimizan el riesgo de fracking en el estado. También alertaron sobre los efectos potenciales en el acceso al agua, el equilibrio ambiental y las actividades productivas locales.
Entre los principales señalamientos destacaron el alto consumo de agua que requiere esta técnica y los riesgos de contaminación de acuíferos, lo que podría agravar el estrés hídrico en diversas zonas. Al cierre, las organizaciones reiteraron su exigencia de un decreto que declare a la entidad libre de fracking, mientras que la administración estatal mantiene su postura de privilegiar el diálogo mediante foros sin anunciar, hasta el momento, una medida legal en ese sentido.