Jonathan García / Palestra
La iniciativa ciudadana que busca derogar la denominada “Ley Serrano” ya fue presentada ante el Congreso del Estado; sin embargo, la reforma al Código Penal continuará vigente mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emita una resolución en sentido contrario, sostuvo el diputado local Héctor Serrano Cortés. El legislador afirmó que actualmente la norma mantiene plena validez jurídica y que su aplicación corresponde a las autoridades competentes.
La propuesta de derogación fue impulsada por la organización Artículo 19, que junto con periodistas y organizaciones civiles ha manifestado preocupación por los posibles efectos de la reforma aprobada en noviembre de 2025 para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. Los promoventes consideran que el tipo penal contiene conceptos ambiguos que podrían dar pie a interpretaciones amplias y afectar el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad periodística.
Ante estos señalamientos, Serrano Cortés recordó que existe una Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que se encuentra en análisis de la SCJN. Señaló que será el máximo tribunal del país el encargado de determinar si la legislación se ajusta o no al marco constitucional. “Hoy hay una norma vigente y evidentemente quien se encauce en esos supuestos es un delito y quien los cometa será un delincuente”, expresó.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México sostuvo además que la libertad de expresión se encuentra garantizada dentro de los límites establecidos por la ley y consideró que parte de la discusión pública en torno a la reforma responde a una estrategia para mantener vigente el debate. Incluso, dijo que en algunos sectores se le ha señalado como el “autor intelectual” de las críticas y controversias generadas por la legislación.
Mientras tanto, quienes impulsan la derogación retomaron los argumentos expuestos por la CNDH ante la Corte, donde se advierte que la redacción del tipo penal carece de precisión suficiente para delimitar las conductas sancionables. También cuestionaron que en los casos recientes relacionados con la aplicación de la norma no se hayan detallado públicamente las acciones específicas que dieron origen a los procesos penales, situación que, aseguran, alimenta la incertidumbre sobre el alcance real de la reforma.