Armando César Calderón V. / Palestra
La contratación del consultor político estadounidense Roger Stone por parte del Gobierno de San Luis Potosí desató una nueva controversia nacional, luego de que Grupo Reforma revelara la existencia de contratos por 750 mil dólares; posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura sobre el tema, mientras el gobernador Ricardo Gallardo negó la información.
De acuerdo con la publicación de Grupo Reforma, la administración estatal habría firmado dos contratos por un total de 750 mil dólares con Roger Stone y su colaboradora Diana London para brindar servicios de relaciones públicas y asesoría en la relación con funcionarios de Estados Unidos en materia de comercio y desarrollo económico.
Roger Stone es uno de los aliados políticos más antiguos del presidente estadounidense Donald Trump. Participó en sus primeros proyectos políticos desde la década de 1980, fue cabildero de sus empresas y, en los últimos años, se ha convertido en un influyente intermediario para personas que buscan obtener indultos o reducciones de condena en Estados Unidos.
Según los documentos citados por el diario, el contrato con Stone, por 375 mil dólares, fue suscrito entre su firma Drake Ventures y el secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí (Sedeco), Mario García Valdez. Un segundo convenio, por el mismo monto, habría sido firmado con Diana London, colaboradora cercana al estratega estadounidense.
Reforma señala que, aunque el objeto de los contratos se enfoca en comercio y desarrollo económico, una cláusula permite modificar el alcance de los servicios mediante acuerdo entre ambas partes, lo que deja abierta la posibilidad de cambiar la naturaleza de la asesoría; añaden que la contratación por parte del Gobierno de San Luis Potosí ocurre en un contexto en el que autoridades estadounidenses mantienen investigaciones sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con grupos del crimen organizado, según reveló previamente The New York Times.
Tras la publicación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, que contratar consultores políticos extranjeros no constituye una ilegalidad, aunque consideró que este tipo de decisiones reflejan la orientación de un gobierno.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre el caso de San Luis Potosí, Sheinbaum recordó que el gobernador Ricardo Gallardo ya había rechazado la existencia de dichos contratos.
Ricardo Gallardo negó categóricamente la información publicada por Reforma
«Es completamente falso que tenga un contrato firmado con alguna compañía americana. El único contrato firmado es con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, para la atracción de inversiones y empresas extranjeras al estado. También tenemos una oficina en Japón, donde se trabaja en lo mismo», aseguró.
Gallardo sostuvo que la información difundida busca afectar su imagen y la de su administración, además, atribuyó la polémica a intereses políticos rumbo a las elecciones de 2027.
«Es lamentable que se especule con la información para dañar la imagen y tratar de cambiar las tendencias electorales rumbo a 2027», sentenció el mandatario estatal.