Palestra / San Luis Potosí
“Una universidad no entrega un Doctorado Honoris Causa solo para reconocer una biografía brillante. Lo entrega cuando encuentra en una trayectoria la expresión más acabada de sus propios valores”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, durante la ceremonia en la que la institución confirió el grado de Doctor Honoris Causa al doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, una de las figuras más influyentes del derecho constitucional y de los derechos humanos en Iberoamérica.
La ceremonia se realizó este martes 30 de junio, durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU), realizada en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, con la participación de los integrantes del CDU, la representación del Jurado de Honor, autoridades universitarias, comunidad académica, estudiantes, familiares e invitados especiales.
Durante su mensaje, el rector Zermeño Guerra destacó que este reconocimiento adquiere un significado especial para la Universidad al entregarse en el año de su Bicentenario fundacional y en el marco de los 103 años de autonomía universitaria. Recordó que el 2 de junio de 1826 abrió sus puertas la primera institución de educación superior del estado, origen de la hoy Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuya historia ha estado ligada a la defensa del conocimiento, la libertad de pensamiento y el compromiso con la sociedad.
El doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es reconocido internacionalmente por su destacada trayectoria como juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano desde el cual impulsó una de las transformaciones más relevantes del derecho internacional contemporáneo: el reconocimiento de la plena justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, fortaleciendo la protección jurídica de millones de personas en el continente.
Entre los hitos más importantes de su carrera destaca que, en julio de 2018 y bajo su presidencia, los máximos tribunales regionales de derechos humanos de Europa, África y América suscribieron la Declaración de San José, un acontecimiento histórico que consolidó una postura común en defensa de la dignidad humana.
En su intervención, el doctor Zermeño Guerra señaló que el reconocimiento expresa una coincidencia profunda entre la misión universitaria y la trayectoria del homenajeado. Asimismo, evocó el legado del jurista potosino Ponciano Arriaga, impulsor de la Constitución de 1857, al señalar que la Facultad de Derecho que lleva su nombre representa una tradición comprometida con la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales.
Al recibir la máxima distinción que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot explicó que las universidades deben preservar su autonomía como condición indispensable para garantizar la libertad académica, la investigación científica y una educación de calidad.
“Las universidades se convierten en el anclaje que tienen las generaciones actuales y futuras ante los desafíos globales. Por ello resulta tan importante la autonomía universitaria, evitando que la política, con sus pasiones y enfrentamientos propios, se apodere del quehacer educativo y científico”, expresó.
Asimismo, enfatizó que el derecho a la ciencia y a la educación están estrechamente vinculados con la autonomía universitaria, ya que “las universidades son el lugar propicio donde se genera y transmite el conocimiento científico verdaderamente libre, sin interferencias económicas o políticas”.
Añadió que este principio debe ir acompañado de recursos suficientes para asegurar una educación de calidad y garantizar que todas las personas puedan acceder a los beneficios del progreso científico y contribuir al desarrollo del conocimiento sin discriminación.
Con este nombramiento, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí incorpora al doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a su Claustro de Doctoras y Doctores Honoris Causa y reconoce a quienes, desde el conocimiento, la investigación y el servicio público, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento del Estado de derecho.