Palestra / CDMX
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Rangel, reveló que la red de huachicol fiscal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido ayer, tendió sus redes hasta San Luis Potosí.
Al rendir un informe exhaustivo sobre el caso, Godoy dijo que el esquema de contrabando de hidrocarburo consistía «en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos».
En primer lugar, «la investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California», quien fue aprehendido en Ensenada por elementos del Gabinete de Seguridad.
El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
De acuerdo con la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país, una de ellas, SLP.
«Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí», dijo Godoy.
«Es necesario hacer hincapié que, como parte de esta investigación, contamos con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria. Las acciones fueron planteadas para ejecutarse en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco», relató la fiscal.