Palestra / Ciudad de México
La presidenta nacional de MORENA, Ariadna Montiel Reyes, manifestó que la postura del Grupo IDEA no es una defensa desinteresada del Estado de derecho, sino un intento de trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades y a los tribunales mexicanos.
Señaló que quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México, y resaltó que entre los firmantes de esa postura se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos.
“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”, manifestó.
Recordó que desde 2018, el pueblo de México tomó su destino en sus manos, y no optó por una simple alternancia partidista ni un cambio de personas en los cargos públicos, sino que inició una verdadera y profunda transformación del modelo político, económico, social y judicial.
Montiel Reyes manifestó que, en lo político, la democracia dejó de ser un acuerdo entre élites y recuperó su sentido original: el poder dimana del pueblo, se ejerce para el pueblo y está sujeto al mandato popular. En lo económico, añadió, el Estado dejó de organizarse para proteger privilegios y volvió a colocar en el centro el bienestar, los derechos sociales y la dignidad de las mayorías. Y en lo judicial, expuso, comenzó el desmontaje de un sistema corrupto, distante, selectivo y capturado durante décadas por intereses económicos y políticos.
“La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, manifestó.
La presidenta nacional de Morena señaló que se terminaron los pactos de impunidad. Una trayectoria política, un apellido, una fortuna o una red de relaciones de poder nacionales o internacionales ya no constituyen un salvoconducto frente a la ley. Afirmó que haber sido el primer gobernador de oposición derivado de una concertación política que avaló el fraude electoral de 1988, no concede inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución.
Expuso que en el caso de Ernesto Ruffo Appel se ha actuado dentro del marco de la ley, pues ha contado con defensa, compareció ante una autoridad judicial, participó en una audiencia prolongada y ha podido promover medios de impugnación. La causa no surgió de una consigna política, sino de una investigación de alrededor de un año relacionada con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques. Después de escuchar a la Fiscalía y a la defensa durante más de 24 horas, una jueza federal consideró que existían datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.
Añadió que los actos procesales conocidos tampoco permiten sostener responsablemente que se trate de una detención arbitraria, carente de investigación o fabricada únicamente por razones políticas.
Aseveró que lo que buscan los aliados de Ruffo Appel es desviar la atención de los hechos investigados y disputar en los medios lo que corresponde resolver ante los tribunales. “Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad, la condición de opositor en fuero y la cercanía partidista en protección”, asentó.
Señaló que la Fiscalía está obligada a probar sus acusaciones; la defensa tiene derecho a controvertirlas, y los tribunales deben resolver con independencia, con base en la Constitución, las pruebas y la ley.
Asimismo, dijo que los integrantes del Grupo IDEA tienen derecho a expresar sus opiniones, pero “lo que no tienen es autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar el desarrollo de una investigación o presentarse como una instancia supranacional capaz de decidir quién puede ser investigado en nuestro país”.
Afirmó que México es una nación libre, soberana e independiente, no acepta presiones extranjeras sobre asuntos que deben resolverse conforme a sus leyes, no se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos, correligionarios.
“El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió”, asentó.
“Aquí manda el pueblo, rige la Constitución y la ley alcanza también a quienes durante décadas se creyeron intocables. Ya se acabó el doble rasero que convertía la justicia en garrote para los adversarios y en escudo para los cercanos”, aseveró Ariadna Montiel.
Ni persecución ni privilegios, ni tutelas extranjeras ni absoluciones entre amigos. soberanía popular, autodeterminación, debido proceso y justicia para todas y todos.