Palestra / San Luis Potosí
Para fortalecer el derecho a la protección de la salud mediante un enfoque diferenciado, con perspectiva de género e interculturalidad, la diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora explicó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones realizadas a la Ley General de Salud, contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026.
Puntualizó que la iniciativa plantea reformas a diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, así como la incorporación de nuevos preceptos orientados a fortalecer la atención integral de la población y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud con un enfoque de derechos humanos.
Entre los principales aspectos de la propuesta destaca el establecimiento de políticas públicas para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el objetivo de combatir la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Asimismo, propone diseñar e implementar acciones encaminadas a proteger de manera permanente al personal de salud, atendiendo sus necesidades físicas, materiales y psicológicas, bajo los principios de derechos humanos y pro persona.
La diputada Vancini Villanueva señala que la iniciativa también contempla promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para la detección, atención y prevención de las violencias contra las mujeres, garantizando su aplicación en los servicios de salud. Otro de los planteamientos establece que los servicios públicos de salud deberán brindarse a todas las personas que se encuentren en el país y los requieran, bajo los principios de universalidad, igualdad sustantiva, inclusión y gratuidad al momento de recibir atención médica, medicamentos e insumos asociados.
Además, se propone que las cuotas de recuperación, cuando existan, se rijan por criterios de solidaridad social y la capacidad económica de las personas usuarias, previendo la exención de pago para quienes carezcan de recursos o habiten en zonas de menor desarrollo económico y social, con énfasis en mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de pobreza.
En materia de salud sexual y reproductiva, la iniciativa impulsa el desarrollo de programas de comunicación educativa sobre planificación familiar y educación sexual, conforme a las estrategias del Consejo Nacional de Población. También plantea que la Secretaría de Salud fortalezca acciones de educación sexual, planificación familiar y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente entre la población adolescente, con el propósito de prevenir el embarazo en este sector.
En materia de salud mental, la propuesta establece que la Secretaría de Salud del Estado y las instituciones del sector deberán privilegiar un modelo de atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, participativa, intersectorial, libre de violencias y con perspectivas de género y de derechos humanos, desde el primer nivel de atención y en los hospitales generales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social; así como de Igualdad de Género, para su análisis.