Palestra / Ciudad de México
En la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen por el que se busca fortalecer la capacitación laboral, el emprendimiento y la contratación de las mujeres excarceladas, para disminuir la brecha de reinserción laboral que padecen frente a los hombres en la misma situación.
En el exhorto dirigido a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se llama a estas instituciones a fortalecer las acciones e implementación de programas de capacitación laboral, así como esquemas de emprendimiento dirigidos a mujeres exreclusas, con enfoque de género, derechos humanos e inclusión social.
Además de que se exhorta a dichas dependencias a que consideren la suscripción de convenios de colaboración con el sector empresarial para fomentar la contratación de esas mujeres, el acceso a financiamiento, capacitación técnica y educación financiera, especialmente en aquellas entidades federativas con mayores niveles de pobreza y rezago social.
El dictamen refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) ha documentado que las mujeres representan un porcentaje minoritario del total de la población penitenciaria del país.
Dicha circunstancia ha derivado en un desafío institucional y programático, orientado predominantemente a la población masculina, dejando en desventaja las necesidades específicas de las mujeres en su proceso de reinserción.
En ese sentido, organizaciones especializadas han señalado que los programas penitenciarios actuales se encuentran desvinculados de las problemáticas que enfrentan las mujeres, lo que perpetúa su desigualdad y limita sus posibilidades reales de inclusión productiva una vez que recuperan su libertad.
Además, en el dictamen, los senadores destacaron también las estadísticas más recientes del INEGI sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral, donde más de la mitad de quienes están ocupadas se encuentran en la informalidad y una proporción significativa percibe ingresos de hasta un salario mínimo.
Ese escenario, señalaron, evidencia que las barreras de acceso a un empleo formal y digno no son exclusivas de las mujeres excarceladas, sino que en general se insertan en una problemática estructural de desigualdad laboral que agrava la situación de este sector de la población.
Ello, consideraron los legisladores, refuerza la pertinencia de que los programas de capacitación y emprendimiento que se implementen incorporen un enfoque de género transversal.