Jonathan García / Palestra
Con 17 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que cambia los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), al reducir la residencia requerida en San Luis Potosí, ampliar las áreas de experiencia profesional y establecer nuevos filtros de elegibilidad para los aspirantes.
La modificación avanzó en sesión extraordinaria pese al rechazo de la bancada de Morena, cuyos seis integrantes votaron en contra. Las y los morenistas argumentaron que el dictamen fue procesado con demasiada rapidez y sin una justificación suficiente sobre algunos de los cambios, principalmente la reducción del requisito de residencia y la ampliación de los perfiles profesionales que podrán aspirar a encabezar la Fiscalía.
A partir de la reforma, ya no será necesario ser originario de San Luis Potosí; bastará con ser mexicano por nacimiento y acreditar dos años de residencia en el estado, en lugar de los cinco establecidos anteriormente. También se fija un mínimo de cinco años de experiencia profesional, que podrá comprobarse mediante actividades de litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
El nuevo esquema incorpora además candados para impedir que lleguen al cargo personas inscritas como deudoras alimentarias morosas, con sentencias firmes por violencia de género, violencia familiar o delitos sexuales, así como quienes hayan sido inhabilitados por faltas administrativas graves. También se agregó un transitorio relacionado con la continuidad del periodo de la actual fiscal, Manuela García Cázares.
Durante la votación estuvieron ausentes las diputadas Leticia Vázquez Hernández, del PT; Mireya Vancini, del PAN, y Nancy Jeanine García, de Morena, además de otro legislador. Morena sostuvo que no se opone a establecer reglas propias para la Fiscalía, pero consideró que la reforma debió analizarse con mayor profundidad y advirtió posibles riesgos constitucionales y deficiencias de técnica legislativa.
Con la aprobación, el Congreso redefinió el perfil que podrá competir por la titularidad de la FGE y desvinculó sus requisitos de los aplicables al Poder Judicial.