El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) insistió en juicio político en contra de Rubén Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa.
En un comunicado, el líder nacional del PAN Jorge Romero sostuvo que la decisión de Rocha Moya de volver a solicitar licencia de la gubernatura de Sinaloa confirma la gravedad de la crisis política que atraviesa el estado, pero advirtió que una nueva separación temporal del cargo no resuelve los señalamientos que existen en su contra.
“Primero regresa como si nada hubiera ocurrido y ahora vuelve a pedir licencia. Pero una licencia no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia. Desde Acción Nacional lo hemos dicho con absoluta claridad: lo que procede es el juicio político contra Rubén Rocha Moya y avanzar en la desaparición de poderes en Sinaloa”, señaló.
El panista reiteró que Rocha Moya pretendía regresar al cargo y recordó que el PAN ha promovido distintas acciones institucionales para que responda por los señalamientos existentes en su contra.
“No basta con que hoy vuelva a separarse temporalmente del cargo. ¿Qué ha sucedido con el juicio político que solicitamos? ¿Qué ha sucedido con la desaparición de poderes? Sinaloa no puede seguir atrapado entre licencias, regresos y decisiones políticas mientras los problemas de fondo permanecen intactos”, dijo.
Romero Herrera cuestionó además el comportamiento de Morena y del Gobierno Federal, después de que distintas figuras del oficialismo se deslindaran públicamente de la decisión de Rocha Moya de regresar a la gubernatura. Morena afirmó que no había sido consultado previamente y posteriormente diversos actores del oficialismo pidieron al gobernador reconsiderar su decisión.
“Morena dijo que no sabía, el Gobierno Federal tomó distancia y después todos le pidieron que se volviera a ir. Entonces la pregunta sigue siendo inevitable: si nadie respaldó su regreso, ¿quién manda en este país? ¿Cómo puede un gobernador señalado tomar y dejar el poder como si se tratara de una decisión exclusivamente personal?”, cuestionó.
Aseveró que el problema de fondo no desaparece con una nueva licencia y que el Congreso y las instituciones de justicia deben resolver las acciones pendientes.