En Guadalajara continúan los posicionamientos de las autoridades locales que han aceptado los errores cometidos por las fuerzas de seguridad durante la represión violenta de la marcha del pasado 11 de octubre, que pedía que el agua que suministra el Estado estuviera limpia y fuera verdaderamente potable. La mañana de este jueves ha sido el turno del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, que en una rueda de prensa confirmó que ya están en investigación interna 17 policías que “no acataron la orden” de permanecer tranquilos y de “resistir”, ante lo que fuera a presentarse durante la manifestación. “La investigación podría llevar a los compañeros desde una amonestación hasta una separación del cargo, dependiendo de su grado de responsabilidad. Con profundo respeto les digo a las y los jaliscienses que ninguna falta de respeto cometida por los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”, dijo el titular de Seguridad.
Este jueves, el funcionario ha dicho que el área de Asuntos Internos de la secretaría ha instalado una mesa de revisión de la que ya ha resultado un expediente con más de 200 videos de diferentes ángulos que muestran con detalle lo que sucedió en la marcha del 11 de octubre. “Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos han permitido tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y, al parecer, hicieron uso indebido de la fuerza” dijo.
Sin embargo, aunque el secretario menciona que el alcance de las pesquisas podría llegar “a los mandos”, también ha asegurado, unos momentos después, que algunos de los oficiales “rompieron los protocolos de manera impulsiva ante el enojo”, y enfatizó: “Esa no era la indicación y no debió haber ocurrido”. El discurso oficial ha cambiado drásticamente.
Apenas el domingo, un par de horas después de que comenzaran las detenciones, Hernández, junto con Roberto Alarcón, coordinador de Seguridad, y el fiscal general de Jalisco, Salvador González, emitieron un mensaje en video en el que aseguraron que la violencia había derivado del ingreso de un presunto grupo de choque de unas 400 personas. “Fue necesario hacer el uso escalonado de la fuerza”, dijo en aquel momento Hernández. “Lamentamos que la violencia ocasionada por este grupo de choque empañara una protesta civil legítima”, zanjó el coordinador de Seguridad.
Hernández mostró este jueves los protocolos nacional y el estatal que existen como guía para las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. “Ambos vigentes y de observancia para todos los policías, donde se pueden encontrar los niveles escalonados del uso de la fuerza, y en qué momento se usan las herramientas y equipos”, señaló, con los papeles en la mano. “Vamos a mejorar y ajustar nuestros lineamientos de acciones”, dijo.
El funcionario agradeció el acompañamiento que le dio en todo momento, durante la manifestación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDHJ) y convocó a diputados, activistas, empresarios, expertos en seguridad y a la sociedad civil para “analizar y ajustar” los protocolos que ya existen en la actuación policial.
La ciudadanía, sin embargo, se enfrenta ahora a la ejecución de una de las soluciones del gobierno, anunciadas por Pablo Lemus. Los llamados “tandeos” o la suspensión del servicio durante varios días por semana, en unas 627 colonias de Guadalajara y su área metropolitana, han comenzado este jueves de forma oficial, aunque desde hace semanas que los vecinos de varias localidades ya denunciaban la falta del servicio.
Pese a los mea culpa emitidos uno tras otro tras darse a conocer la violenta actuación de los policías durante la manifestación, en las calles de Guadalajara ya se convoca a una nueva manifestación el próximo domingo 18 de octubre, que, además de seguir con el reclamo de agua limpia y de pedir que los responsables del abuso de autoridad sean castigados, se ha sumado la petición de parte de la sociedad para impulsar una posible revocación del mandato de Lemus y el rechazo a una posible privatización del servicio.
Además, continúa la vigilancia de activistas y organizaciones para que la Fiscalía de Jalisco informe cuántas personas tienen una carpeta de investigación abierta y los delitos y posibles sanciones que recibirían en los próximos días.