Jonathan García / Palestra
El Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) determinó por unanimidad no aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las declaraciones del rector sobre el diputado local Héctor Serrano Cortés, en una disputa vinculada con la fiscalización de la institución y sus procesos de pensiones.
La decisión se tomó luego de que la Abogacía General y la Defensoría de Derechos Universitarios cuestionaron la fundamentación jurídica del documento y la actuación de la comisión estatal. Ambas instancias sostuvieron que las expresiones del rector ocurrieron en el marco de una discusión pública entre figuras con responsabilidades institucionales y consideraron que no se analizó suficientemente ese contexto.
La titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar, también puso en duda la procedencia de la queja y señaló presuntas inconsistencias en la integración del expediente. En tanto, la abogada general rechazó que las declaraciones pudieran calificarse como discriminatorias o discurso de odio, al considerar que la recomendación no justificó suficientemente esas conclusiones.
Durante la sesión se explicó que la universidad podía rechazar la recomendación y, de manera independiente, presentar una impugnación ante la instancia nacional. Sin embargo, el Consejo Directivo también votó en contra de recurrir a ese procedimiento, por lo que la institución deberá comunicar formalmente a la CEDH las razones de su negativa.
La abogada general advirtió que aceptar la recomendación podría implicar medidas de reparación del daño y la apertura de una investigación administrativa contra el rector. También señaló que, si el Congreso del Estado solicitara la comparecencia de integrantes del Consejo Directivo, la universidad podría analizar la procedencia legal de esa medida y recurrir al amparo si lo considerara necesario.
Con esta resolución, la UASLP mantiene su rechazo a los señalamientos contenidos en la recomendación, mientras que la respuesta institucional quedará a cargo de la Abogacía General. El caso se deriva de las diferencias entre autoridades universitarias y el legislador por asuntos relacionados con la revisión de las finanzas y el sistema de pensiones de la institución.