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“La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias* al término de una visita oficial de doce días a ese país.
En una conferencia de prensa para exponer sus hallazgos preliminares, los expertos del Grupo dijeron que en los últimos años México ha logrado avances significativos en la lucha contra la detención arbitraria, pero agregaron que aún se requieren reformas en varias áreas que afectan los derechos humanos.
El Grupo destacó entre esos logros la transición a un procedimiento penal acusatorio, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la introducción de un Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más centrada en los derechos humanos.
Violación de los derechos humanos
Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo, expuso ante la prensa que una de las principales preocupaciones es el uso excesivo de la prisión preventiva, que junto con el arraigo es una práctica obligatoria de acuerdo con la Carta Magna del país para muchos delitos.
“Pero la prisión preventiva representa una violación de los derechos humanos y contraviene la orden que diera a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su eliminación”, apuntó Estrada-Castillo. “La prisión preventiva obligatoria y el arraigo deben abolirse lo antes posible”, agregó.
La experta explicó que el periodo de detención preventiva es crítico porque el detenido puede auto inculparse por el desconocimiento de sus derechos. Además, añadió, en muchas ocasiones ese periodo es demasiado largo.
Por otra parte, señaló que las detenciones por delitos flagrantes a menudo se llevan a cabo sin una orden preexistente, lo que las convierte en detenciones arbitrarias porque transgreden las leyes que estipulan que esos casos deben ser llevados de inmediato ante un juez.
Más punitivo
Al referirse a la privación de la libertad relacionada con la política antidrogas, recordó que desde 2006 México se ha vuelto más punitivo y ha penalizado la posesión de estupefacientes aún en cantidades muy bajas, calificándolo como tráfico de narcóticos.
En este sentido, Estrada-Castillo instó a las autoridades a encontrar estrategias alternativas a la detención.
No todas las detenciones se registran
Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones del Grupo, indicó que pese a la generalización de la prisión preventiva, no se sabe con exactitud cuántas personas se encuentran en esa situación debido a que no todas se registran, como ocurre en el caso de los migrantes.
“Llamamos a las autoridades a registrar todas las detenciones que se hagan en el país”, recalcó en nombre del Grupo.
Los expertos reconocieron los enormes desafíos de México en el contexto del crimen organizado y los esfuerzos hechos por las autoridades en la materia, pero consideraron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias y carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas.
El Grupo de Trabajo también denunció como frecuente el uso excesivo de la fuerza, sobre todo del momento de la aprehensión hasta que los detenidos son puestos a disposición ante una autoridad judicial.
Detalló que en muchos casos, se infligen tortura y otras formas de malos tratos para obtener confesiones y declaraciones incriminatorias y que los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos.
Migrantes y otros grupos vulnerables
Con respecto a los migrantes, los expertos argumentaron que México debe garantizar que la detención de esas personas sea el último recurso y que dure el menor tiempo posible, luego de una evaluación individualizada, en condiciones dignas y con acceso a asistencia legal.
Además de los migrantes, identificaron a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI+, los adolescentes, las personas mayores y las personas que viven en la pobreza. “En particular, las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”, insistieron.
La misión del Grupo de Trabajo estuvo en la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas y se reunió con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores interesados. Asimismo, visitó 15 centros de detención y entrevistó a 173 personas detenidas.
El informe final de hallazgos se presentará en septiembre de 2024 al Consejo de Derechos Humanos.