Jonathan García / Palestra
La operación de los programas sociales estatales tendrá nuevas restricciones a partir de marzo de 2027, cuando la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) implemente cambios en su imagen y presentación para atender las disposiciones electorales. La dependencia también establecerá medidas de capacitación para evitar que los apoyos sean utilizados con fines políticos, informó su titular, María del Rosario Martínez Galarza.
La secretaria detalló que durante enero y febrero se realizarán los ajustes en coordinación con los proveedores, principalmente en los materiales y elementos de identificación de los programas, para que las modificaciones entren en vigor en marzo, en el contexto del proceso electoral.
Como parte de la preparación, se instruirá a delegados y funcionarios responsables de distribuir los apoyos sobre las limitaciones que deberán respetar, así como el manejo de los mensajes institucionales y la promoción de los beneficios que entrega el Gobierno estatal.
Martínez Galarza precisó que la responsabilidad por un eventual uso electoral no recaerá únicamente en la dependencia, sino también en los servidores públicos que participen directamente en la operación. Esto incluye a delegados y presidentes municipales que pudieran incurrir en alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos.
Añadió que las reglas se comunicarán con anticipación para que los funcionarios conozcan sus obligaciones y las consecuencias de incumplirlas. La titular de Sedesore sostuvo que cada servidor público deberá responder por el uso que haga de los programas, pese a que estos sean coordinados institucionalmente por la dependencia.

