Palestra / Ciudad de México
Integrantes del Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República manifestaron su rechazo a la Ley SB4 aprobada en Texas en diciembre de 2023 y próxima a entrar en vigor en marzo de este año, ya que, advirtieron, “constituye un grave peligro para las personas migrantes” al endurecer el trato que les darían las autoridades de esa entidad de los Estados Unidos.
La SB4 “es una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense”, señalaron los legisladores, pues permitiría a las autoridades abordar a cualquier persona para verificar su situación migratoria, quien podría ser detenida y expulsada de la Unión Americana sin un proceso judicial de por medio en caso de no contar con documentos, además de que se podría castigar hasta con 20 años de prisión a reincidentes.
Las y los senadores del PT expresaron su preocupación por la nueva norma, pues también pondría en peligro a una gran parte de la población hispana de Texas, que ha aumentado significativamente en los últimos 20 años y actualmente representa al 40.2 por ciento de los habitantes del estado, ya que podría ser discriminada tan sólo por su fisonomía y color de piel.
Ante la próxima entrada en vigor de la Ley SB4, las y los senadores promueven en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que fortalezca la protección, asesoría y acompañamiento a migrantes mexicanos a través de todos sus consulados en el territorio de Texas.
También plantean que la SRE mantenga un diálogo constante con asociaciones de mexicanos en Texas para atender sus necesidades, brindarles asesoría y apoyarlos en caso de emergencia, además de que fortalezca las acciones para informar a la comunidad migrante de origen mexicano sobre sus derechos, teléfonos de asistencia inmediata y servicios que ofrecen las representaciones de México en los Estados Unidos.
La propuesta fue suscrita por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Martha Cecilia Márquez Alvarado, así como por el senador Joel Padilla Peña, quienes enfatizaron que el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó este 3 de enero una demanda en contra del estado de Texas para impugnar la nueva ley migratoria, que criminaliza la entrada de personas desde México.
Defensores de derechos humanos encabezados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), además, han alzado la voz y presentaron una demanda ante una corte federal en Austin, alegando que la legislación, impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, “socava la autoridad federal sobre disposiciones migratorias”.
Las leyes antiinmigrantes que violan flagrantemente los derechos humanos de las personas, coinciden las y los senadores, son nocivas para las sociedades democráticas, pues fomentan y normalizan expresiones de intolerancia y odio hacia grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, además de constituir estructuras institucionales “perversas” para legalizar actos de discriminación hacia grupos étnicos, comunidades y minorías.
“Es por ello necesario expresar nuestro repudio, combatir su existencia y utilizar todos los medios necesarios para proteger a nuestros connacionales”, concluyeron.