Daliri Oropeza Alvarez / Pie de Página
“La justicia en México es solo para aquellos que pueden pagarla”. Es una frase contundente que me dice Elvia Rosa Cruz Cruz, esposa de Yalid Jiménez Santiago, regidor escolar de Santa María Apasco, Oaxaca; asesinado por la Policía Federal en la protesta contra la Reforma Educativa neoliberal de EPN, el 19 de junio del 2016. Desde entonces, es integrante del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad (Covic).
Elvia Rosa ha luchado por la Justicia en el caso de su esposo. No aceptó ninguna indemnización por parte del gobierno. En cambio, lleva ocho años impulsando la verdad a través de juicios y buscando que no vuelva a suceder una masacre así. El Covic logró la aprobación de la ley contra la ejecución extrajudicial en el Congreso de Oaxaca. La primera en México. Solo Guatemala cuenta con una ley similar.
“El trabajo realizado por el Comité y el cuerpo jurídico realmente ha costado mucho. Nos hemos visto amenazados, pero eso no va impedir que sigamos en el proceso. Estoy consciente que estamos luchando contra el Estado. Me quedo con una satisfacción: que el trabajo realizado haya dado frutos”, cuenta Elvia Rosa.
LOS RESPONSABLES Y LA IMPUNIDAD
El profesor Santiago Ambrosio cuenta que en esta lucha colectiva que ha dado el Covic, se enfrentan a un juicio sin juez. El cual ha sido irregular y aunque declararon personajes implicados, el juicio ha quedado más de tres veces sin juez por lo que sigue en vilo.
Las huellas de la represión permanecen, mientras la impunidad de los responsables de la represión ejercida contra el magisterio organizado en la CNTE y las comunidades que enfrentaron la Reforma Educativa también se mantiene. Los personajes implicados son varios, a continuación se enuncian con nombre y cargo que mantenían en 2016:
En la federación: Enrique Peña Nieto, presidente de la República; Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Enrique Galindo Ceballos, Comisionado General de la Gendarmería División Gendarmería de la Policía Federal; suboficial Carlos Guerrero Romero, director de la novena Unidad de Seguridad Pública de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de la PF.
En Oaxaca: Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional de Oaxaca; Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública; Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, Fiscal General; Jaciel Salvador Vásquez Castro, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jorge Eduardo Cano Altamirano; Coordinador Estatal de la Policía Federal o Coordinación de Operación de Oaxaca de Fuerzas Federales; general de Brigada Froylán Carlos Cruz, Comisionado de la Policía Estatal Secretaría de Seguridad Pública.
Son los nombres y cargos de funcionarios federales, estatales y al mando de las corporaciones policiacas que tras 8 años de estos acontecimientos son señalados directamente por la población agredida y el Comité de Víctimas 19 de Junio. Sin embargo ninguno de ellos ha recibido sanción judicial hasta el momento.
En dos casos, los responsables realizan funciones o cargos públicos. Estos casos evidencian la impunidad que permanece tras la represión del 19 de junio de 2016 con la Masacre de Nochixtlán. Por ejemplo:
Renato Sales Heredia, quien fue Comisionado Nacional de Seguridad con Peña Nieto, advirtió en una entrevista realizada el 15 de junio de 2016: “No podemos permitir que se bloqueen carreteras”. Fue previo al violento desalojo que finalmente se hizo efectivo tras esta advertencia.
El “antiguo” funcionario priista se convirtió en militante de la autonombrada Cuarta Transformación. En el gobierno actual de Layda Sansores, tuvo el cargo de Fiscal General de Campeche hasta su reciente renuncia el 13 de junio de 2024.
Otro ejemplo: Enrique Galindo Ceballos, quien ahora es presidente municipal de San Luis Potosí por segunda ocasión por el PRI, en junio de 2016 fue el Comisionado de la Policía Federal. Él afirmó al siguiente día de los acontecimientos:
“Algo parecido a una emboscada, lo he dicho así. lo hemos comentado en ese sentido.Porque se organiza un grupo de gentes, incluso te diría, distintos al propio movimiento magisterial, en donde utilizan cohetones con tubos adaptados para orientar los cohetones directos hacia la policía”.
Respecto al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiacas estatales y federales contra la población en Nochixtlán, aseguró: “A este tipo de eventos no llevamos armas de fuego, la policía solo lleva su escudo, su casco su equipo de protección. Y vamos y dialogamos”. No mencionó los helicópteros con municiones para abastecer a los policías que agotaron sus balas.
Galindo Ceballos fue aún más allá y señaló que las fotografías que evidenciaban la represión policiaca eran falsas. Pero cada una de las imágenes capturadas por medios libres de comunicación y agencias de noticias eran legítimas y tomadas al momento de los disparos efectuados por elementos policiacos.
En 2022, versiones periodísticas en San Luis Potosí, señalaron el coqueteo político de Enrique Galindo Ceballos con la 4T. Al establecer sus aspiraciones como presidente municipal de San Luis Potosí, sentenció en la Huasteca: “Ni Verde ni Morena… me muero en el PRI”.
Tuvo un primer mandato municipal y optó por la reelección. El 10 de junio de 2024 recibió la constancia de mayoría que lo convierte en el primer presidente municipal de San Luis Potosi por segunda ocasión. Justo 9 días antes del octavo aniversario de la represión realizada en Nochixtlán y en Oaxaca, como uno de los principales responsables intelectuales de su ejecución.
Aún con estas figuras políticas impunes, queda la dignidad de las víctimas quienes impulsan una ley para que una represión de esta magnitud como la vivió Nochixtlán no vuelva a suceder.
Artículo original: https://piedepagina.mx/nochixtlan-a-8-anos-entre-la-impunidad-y-la-ley-de-ejecucion-extrajudicial/