Palestra / La Ratonera
Está canijo el nivel de turbidez que tiene el agua que envía Aquos El Realito, a través de su tubería maldita, a cientos de familias potosinas.
Interapas tuvo el tino de poner al descubierto otro problema que enfrentan quienes, sin deberla ni temerla, dependen del ineficiente servicio de la empresa que extrae agua de la presa El Realito, desde el vecino estado de Guanajuato.
Pero, nuevamente, la Comisión Estatal del Agua a cargo de Gabino Manzo Castrejón tiene la palabra, ya que el vilipendiado organismo operador de agua de la metrópoli le pidió que intervenga para que la firma española desfogue el sucio líquido hasta alcanzar los parámetros de calidad establecidos en la norma oficial y con eso que para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona es un desperdicio, vaya dilema a resolver.
Ahora que, está bien que Interapas alerte que el agua no es apta para el consumo humano, pero no dijo si piensa seguir llevando agua limpia a las familias para su aseo personal y lavar los trastes. O sea, hace todo a medias.
El caso Rich, el caso Fenapo y el caso Micos, tienen algo en común: la evidente falta de supervisión de las autoridades a los empresarios para cumplir las reglas y las instrucciones oficiales para tener todo en orden.
Es obvio que hay corrupción o ya de plano ineptitud de a quien corresponda, que claramente son los tres niveles de gobierno.
Con Rich, hubo un sobrecupo; con la Fenapo, la Rueda de la Fortuna era manejada por ¡un menor! y en Micos, hubo una negligencia criminal al saberse que la tirolesa requería un ajuste para no reventar en el paraje.
Y los diputados ni por enterados, están más preocupados porque ya dejan la curul para dejar el paso a los nuevos. Como quiera, o revisan las leyes o el Ejecutivo las aplica de verdad, pero ya son muchas tragedias acumuladas en tan poco tiempo y nadie hace nada.
Vaya quemada que le dio Ciudadanos Observando de Lupillo González al alcalde Enrique Galindo Ceballos en el cobro del predial.
El tema ha sido desde siempre polémico, porque bien sabemos que al priista le encanta hincar el diente con este impuesto, pero ahora sí se pasó de lanza.
Según cuenta Lupillo González, si el dueño del predio es moroso, Galindo le envía una carta («citatorios») para ponerse al corriente, pero lo que descubrió CO es que esa notificación tiene un costo extra de 543 pesos.
Es decir, los deudores terminan pagando el doble del cobro original, mientras que «baches, falta de iluminación y robos en la ciudad» son pendientes no resueltos, de acuerdo con el activista social.
