Palestra / La Ratonera
Si bien las corridas de toros transitan sin sobresaltos en San Luis Potosí, habría que preguntarse si ha llegado el momento de darle un giro menos violento a este espectáculo que, por su naturaleza, causa maltrato animal, algo prohibido en la Constitución Política desde diciembre del año pasado.
El gobernador Ricardo Gallardo declaró hace meses que la tauromaquia no tiene oposición en el estado y que la ley local contra la violencia en animales está vigente y debe aplicarse, pero no en los escenarios públicos donde se torea, sangra y mata a los toros, a pesar de lo cual, en muchos sitios del mundo y el país se le considera patrimonio cultural.
Lo anterior viene a cuento luego de las protestas que hubo en días recientes contra el Congreso de la Ciudad de México, que buscaba prohibir las corridas de toros en la legendaria Plaza de Toros México y otros sitios populares de la capital del país, tema el cual llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se decantó porque continúen, pero «sin violencia».
Quién sabe cómo le van a hacer, pero ayer mismo la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que el show taurino continuará sin lastimar ni matar a los toros, por lo que quedará prohibido usar banderillas, espadas y lanzas, y seguirán vigentes los capotes y las muletas. Una vez terminada la corrida, el animal volverá a su ganadería. A ver qué pasa… porque ya hay nuevas protestas, pero ahora de la industria taurina.
Nadie sabe, nadie supo dónde quedó la bolita en el lío entre el alcalde Enrique Galindo, CEA y Seduvop, por la contaminación del Lago Mayor del parque Tangamanga I en la capital.
Según el edil, había zanjado las acusaciones del gobierno de Ricardo Gallardo, en el sentido de que su paso a desnivel en avenida Himalaya fuese el causante, luego que grabó un video a su conveniencia donde quedó como víctima.
Sin embargo, ayer el diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, afirmó en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso de SLP: «Hay indicios de que el origen es el colector pluvial que se construyó con el puente Himalaya por parte del ayuntamiento de la capital, de tal manera que los desechos van directamente al lago, como se ha dado a conocer».
El asunto, aunque parece de dimes y diretes políticos, en el fondo es un problema mayúsculo que atenta contra el medio ambiente y la calidad de vida del propio parque. Como bien dijo el legislador, urge una investigación seria y contundente para sancionar este delito, pero sobre todo, que empiece la remediación del sitio, antes que pasemos de Guatemala a «Guatepeor».
Ahora sí el Ceepac ya no tiene pretextos para organizar la elección judicial en San Luis Potosí, luego de haber recibido 42 millones de pesos por parte de Gobierno del Estado.
Como se recordará, el INE ejerció presión luego de informar en sesión del Consejo General que la OPLE apenas contaba con 7.5 mdp de los 110 mdp acordados con la administración de Gallardo. El consejero potosino Martín Faz Mora -para que la acuña apriete- fue el encargado de criticar la situación.
A final de cuentas, la secretaria de Finanzas, Ariana García, cumplió el compromiso de depositar los recursos, luego que la presidenta del Ceepac, Paloma Blanco, ratificara la exhibida del INE. Cabe resaltar que la consejera no hizo drama y tampoco puso en duda estos comicios, pero sí urgió a que ya hubiera flujo de efectivo.
Si bien quedan 70 milloncitos por depositarse, con los 40 millones actuales no puede haber más demoras en la organización, porque la elección está a dos meses y medio, que se irán como agua.
