Jonathan García / Palestra
A pocos días de terminar mayo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aún no ha recibido la totalidad de recursos programados para este mes destinados a las operaciones de la elección extraordinaria local del Poder Judicial de San Luis Potosí. Sumado a ello, la Secretaría de Finanzas sigue sin dar respuesta a la ampliación presupuestal de 21 millones de pesos solicitada por el organismo para cumplir con el convenio firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo a lo anterior, la presidenta consejera del Ceepac, Paloma Blanco López explicó que, de los 32 millones de pesos correspondientes al mes de mayo, el organismo electoral ha recibido hasta momento 12 millones, mientras que el restante será entregado de forma escalonada.
“El compromiso, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, es entregar 10 millones este viernes y 10 millones el día 30, para cerrar lo que corresponde al mes de mayo”, comentó.
Aunque el Gobierno Estatal ha procurado entregar a tiempo el presupuesto para la elección de juzgadores, aún quedaría por ministrar al Ceepac el total autorizado, que asciende a 110 millones de pesos y cuya aplicación será clave durante junio, mes de la jornada electoral. Pese a la dispersión de recursos escalonada y limitada, las autoridades estatales han pronunciado que San Luis Potosí no está en riesgo electoral.
En suma a su declaración, Blanco López recordó que después de la votación también inicia inmediatamente la etapa de cómputos municipales, lo que implica una operación continua con personal electoral desplegado en todo el estado.
“Esto implica un despliegue de personas, supervisoras, capacitadoras electorales y de las personas que integran los comités, en jornadas que no pueden interrumpirse más allá de los descansos que aprueben los comités, pero que tendrán que ser en forma continua”, añadió.
Cabe destacar que, en un informe reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió una lista de las entidades federativas que actualmente mantiene un estatus de alto riesgo presupuestal para llevar a cabo la primera elección de jueces y magistrados en México, evidenciando a la entidad potosina.